El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) cuestionó la decisión del Gobierno vasco de aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario al preso Jon Enparantza, abogado al que identifica como integrante del denominado “frente jurídico” de ETA. La organización calificó de “fraudulenta” la concesión de este régimen de semilibertad.
En un comunicado, Covite sostuvo que el Ejecutivo autonómico utiliza el artículo 100.2 “como un atajo” para otorgar regímenes de semilibertad a presos de ETA que continúan clasificados en segundo grado y que, según su evaluación, no cumplen las condiciones necesarias para acceder al tercero.
La entidad afirmó que una herramienta prevista para atender necesidades tratamentales específicas y excepcionales se transformó “en una vía ordinaria para flexibilizar el cumplimiento” de las condenas. También cuestionó que se haya acreditado de forma objetiva e individualizada cuál es la circunstancia extraordinaria que justifica la medida, qué programa concreto no puede realizarse dentro de la prisión o qué evolución personal del interno hace necesaria su aplicación.
Para Covite, la reiteración de este tipo de decisiones demuestra que no se trata de medidas excepcionales basadas en necesidades reales de reinserción, sino de “una política sistemática de excarcelación progresiva de los presos de ETA”. La organización volvió así a expresar su rechazo a la política penitenciaria aplicada por el Gobierno vasco en estos casos.
