En un avance significativo hacia la conservación marina, Costa Rica está desarrollando un programa que establece un sistema de pago por servicios marinos, destinado a reconocer y recompensar a aquellos individuos que se dedican a la protección y liberación de tiburones martillo. Esta iniciativa fue anunciada recientemente por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), destacando el compromiso del país con la sostenibilidad y la conservación de su rica biodiversidad marina.
Este nuevo programa forma parte del esquema de Pago por Servicios Ecosistémicos Marino-Costeros (PSEM), el cual tiene como objetivo compensar las prácticas que promueven un manejo sostenible de los ecosistemas de manglares en la costa del Pacífico. El MINAE, en colaboración con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Fundación Banco Ambiental (FUNBAM), busca extender el exitoso programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) terrestre al ámbito marino. Según el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, esta estrategia se basa en planes técnicos que garantizan la gestión sostenible de los ecosistemas marinos, apoyando a las comunidades costeras que dependen del océano para su sustento.
El contexto de esta medida se enmarca en un decreto que prohíbe la captura y comercialización de tiburones martillo, una especie vulnerable que ha sufrido un grave impacto por la sobreexplotación. Esta legislación no solo prohíbe la captura, sino que también se ha ampliado para incluir la prohibición del transporte de aletas de tiburón martillo en territorio costarricense, lo que implica un esfuerzo por frenar el comercio ilegal y proteger a esta especie en peligro de extinción. Estas acciones son parte de un enfoque más amplio que busca preservar la biodiversidad marina y mantener la salud de los ecosistemas costeros del país.
El nuevo sistema de PSEM también contempla el reconocimiento de los pescadores artesanales, quienes desempeñan un papel fundamental en la conservación de los recursos marinos. Como parte de este reconocimiento, se implementará la utilización de dispositivos de rastreo en las embarcaciones, conocidos como “balizas”, que permitirán la ubicación en tiempo real y proporcionarán un servicio de alerta en caso de emergencias en alta mar. Esta medida no solo busca salvaguardar la vida de los pescadores, sino también fomentar prácticas más seguras y responsables en la pesca.
El Gobierno costarricense ha dado sus primeros pasos en la implementación del Pago por Servicios Ecosistémicos en los bosques de manglares desde el año 2024, con la participación de seis organizaciones en el golfo de Nicoya, beneficiando a 157 familias. Actualmente, el país cuenta con 24.000 hectáreas de manglares protegidos y está en proceso de expandir el programa para incluir a más pescadores. Según los datos oficiales, hay 544 personas dedicadas a la recolección de moluscos bajo contratos de pago, distribuidas en 15 asociaciones a lo largo de la costa pacífica, con la proyección de alcanzar a 600 pescadores en 2026.
La iniciativa de Costa Rica es un ejemplo inspirador de cómo los países pueden abordar la crisis de la biodiversidad mediante la implementación de políticas que no solo protegen a las especies vulnerables, sino que también apoyan a las comunidades que dependen de los recursos marinos. Este enfoque integral y colaborativo podría servir como modelo para otras naciones que enfrentan desafíos similares en la conservación de sus ecosistemas marinos. La protección de los tiburones martillo y otros recursos marinos es esencial para mantener la salud de los océanos, que a su vez sosteniene la vida de millones de personas en todo el mundo.
