En un contexto de creciente polarización, el Congreso de Costa Rica se encuentra en medio de un intenso debate sobre una propuesta de reforma al modelo eléctrico nacional. En una votación reciente, el proyecto de ley recibió el apoyo de 27 legisladores, mientras que 24 se manifestaron en contra, con seis ausencias. Esta primera votación fue un paso crucial, pero el futuro del proyecto es incierto, ya que requiere una mayoría calificada de dos tercios para su aprobación definitiva en la siguiente instancia, lo que equivale a al menos 38 votos de los 57 diputados en total.
El proyecto, respaldado por el Gobierno y diferentes cámaras empresariales del país, busca crear una nueva entidad denominada Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN). Esta institución se encargaría de la gestión del mercado eléctrico y la planificación del sector, funciones que actualmente son responsabilidad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Además, la reforma propone la implementación de un mercado mayorista de energía, lo que permite una mayor participación del sector privado en la generación eléctrica.
Costa Rica ha sido reconocida por su compromiso con energías limpias, logrando que más del 95% de su matriz energética provenga de fuentes renovables. Actualmente, el sistema eléctrico nacional, operado principalmente por el ICE, tiene una cobertura del 99,5% en el país. Sin embargo, los defensores de la reforma sostienen que la modernización del sistema es imprescindible para que el país pueda atraer industrias que demandan grandes cantidades de energía, así como para adaptarse a desafíos como la movilidad eléctrica.
Desde el oficialismo, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) defiende el proyecto argumentando que es necesario para enfrentar los retos del futuro. La diputada Nayuribe Guadamuz planteó que el sistema actual está “pensado para otra época” y resaltó que la iniciativa mantiene aspectos clave como la regulación tarifaria y la supervisión estatal. Según los partidarios, el objetivo es garantizar un sistema eléctrico más eficiente y competitivo, que promueva la inversión y la innovación en el sector.
Sin embargo, la oposición se manifiesta preocupada por lo que consideran un intento de desmantelar la estructura estatal del ICE. Partidos como el Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA) han expresado su preocupación por las consecuencias que esta reforma podría traer, especialmente en términos de costos para los consumidores. Argumentan que el enfoque privatizador podría traducirse en un aumento de las tarifas eléctricas y en la eliminación de subsidios que actualmente benefician a las comunidades rurales y a sectores vulnerables.
La diputada Claudia Dobles, del Partido Coalición Agenda Ciudadana (CAC), enfatizó la importancia de mantener un enfoque estratégico que garantice la seguridad energética y la soberanía del país. Criticó el proyecto por no ofrecer una visión integral para el futuro del sector eléctrico, argumentando que podría afectar negativamente a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, quienes dependen del acceso a la electricidad a precios accesibles. La tensión entre la necesidad de modernización y los temores de privatización continúa marcando el debate sobre el futuro del modelo eléctrico en Costa Rica, lo que revela la complejidad de la situación energética del país.
A medida que se avanza hacia la segunda votación, el panorama se torna incierto. La discusión en el Congreso refleja no solo las diferencias políticas, sino también las visiones contrapuestas sobre el desarrollo sostenible y la equidad en el acceso a la electricidad. La sociedad costarricense se encuentra atenta a los próximos pasos, consciente de que el resultado de esta reforma podría tener repercusiones profundas en su futuro energético y social.
