La Cámara Federal de Casación Penal ha tomado una decisión trascendental al desestimar los recursos extraordinarios interpuestos por Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, y los representantes de Máximo y Florencia Kirchner. Esta determinación, que se conoció en la jornada del jueves, reafirma el decomiso de bienes valuados en cerca de 685 mil millones de pesos, en el marco de la causa conocida como Vialidad. El fallo fue emitido por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes respaldaron la decisión del Tribunal Oral Federal 2, que había dispuesto el decomiso de un total de 111 propiedades.
El monto exacto del decomiso, tal como se recordó en el fallo, ascendía a $684.990.350.139,86 al momento de la resolución. Los magistrados sostuvieron que las defensas no lograron presentar argumentos suficientes que justificaran la intervención de la Corte Suprema, lo que subraya la solidez de la decisión tomada por la Cámara. A juicio del juez Hornos, el delito no puede ser considerado un título legítimo para generar riqueza, enfatizando que el decomiso tiene como objetivo evitar que los beneficios ilícitos continúen existiendo.
Los jueces coincidieron en que los planteos presentados por la defensa de Cristina Kirchner y otros acusados no representaban más que una mera discrepancia con lo resuelto anteriormente. En este sentido, el juez Hornos destacó que la simple referencia a preceptos constitucionales no es suficiente para fundamentar adecuadamente los recursos extraordinarios, lo que pone de manifiesto la necesidad de presentar argumentos más sólidos ante la justicia.
Por su parte, el juez Diego Barroetaveña señaló que las objeciones planteadas por las defensas se limitaban a expresar desacuerdos con las decisiones previas, lo que les resta validez en un contexto de recursos extraordinarios. Este tipo de planteamientos, según argumentó Barroetaveña, suelen referirse a cuestiones de derecho común que no son admisibles en este tipo de instancias judiciales.
A pesar de la unanimidad en la mayoría de la decisión, el juez Mariano Borinsky presentó una postura parcial diferente. Borinsky consideró que algunos de los argumentos expuestos por Lázaro Báez y los Kirchner merecían una revisión por parte de la Corte Suprema. En su opinión, ciertos bienes decomisados habían sido adquiridos antes del 23 de abril de 2004, lo que podría implicar una afectación al derecho de propiedad y la legalidad del proceso de decomiso.
El juez Borinsky subrayó que la decisión sobre el decomiso de esos bienes específicos carecía de un soporte normativo adecuado, lo que podría dar pie a un análisis más profundo sobre la legalidad de las medidas adoptadas. Sin embargo, esta visión no logró imponerse, y por mayoría, la Cámara de Casación declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de todos los imputados y otros involucrados. Así, el caso queda en condiciones de ser apelado ante la Corte Suprema, aunque el decomiso millonario establecido en la causa Vialidad se mantiene vigente mientras se resuelven las instancias superiores.
