Las audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar comenzaron con un escenario tenso, marcado por intervenciones judiciales que exigen una mayor participación. Esta primera jornada se llevó a cabo en un contexto de críticas y disputas dentro del recinto legislativo, donde se plantearon serias inquietudes sobre la forma en que se están llevando a cabo estas deliberaciones. La segunda jornada está programada para el jueves 26 de marzo, pero ya se anticipa que las controversias podrían seguir marcando el rumbo del debate.
Uno de los puntos más polémicos se relaciona con la decisión de la presidencia del plenario de reducir el tiempo de las intervenciones de los oradores, que pasó de cinco a cuatro minutos. Esta medida generó descontento entre los legisladores opositores, quienes denunciaron que se había impedido el ingreso al Congreso de varios inscriptos que tenían autorización para participar. Tal situación no solo enturbia el desarrollo del debate, sino que también pone de manifiesto las tensiones políticas que rodean esta iniciativa legislativa, considerada prioritaria por la actual gestión del gobierno.
La reforma propuesta busca modificar aspectos clave de la ley original, reafirmando el estatus de los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Sin embargo, también introduce la posibilidad de que las autoridades locales determinen cuándo una reserva es considerada "estratégica", lo que podría abrir la puerta a una mayor discrecionalidad en la gestión de estos recursos. Este punto ha generado preocupaciones entre diversos sectores, quienes advierten sobre los riesgos de un manejo poco riguroso de los glaciares y el ambiente periglaciar, que ya enfrenta desafíos significativos.
Entre los críticos de la reforma se destaca la voz de Vanina Basso, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa. Basso recordó que en su provincia existe un pasado complicado en relación al manejo del agua, especialmente vinculado al río Atuel, cuyas decisiones unilaterales han tenido consecuencias devastadoras. En sus declaraciones, enfatizó que cuando se debilitan los controles y se priorizan los intereses a corto plazo, los territorios más vulnerables son los que sufren las consecuencias más severas.
Por su parte, la exdiputada nacional Marta Maffei, quien fue parte del equipo que redactó la ley original, también expresó su preocupación por los cambios propuestos. Maffei subrayó que la ley vigente fue el resultado de un trabajo exhaustivo que incluyó consultas con especialistas y comunidades, quienes en ocasiones son excluidos de estos procesos. Según su análisis, la reforma presenta una fachada de federalismo, pero en realidad podría facilitar que cada provincia actúe con libertad en la gestión de recursos hídricos y glaciares, bajo el pretexto de fomentar la producción.
El ingeniero y glaciólogo Gabriel Cabrera ofreció una perspectiva más equilibrada, señalando que, aunque la actual ley tiene fallos y no se alinea completamente con el asesoramiento del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el inventario de glaciares realizado es de alta calidad. Cabrera sugirió que este inventario, aunque preliminar, debe ser revisado por las comunidades locales para asegurar su relevancia y adecuación a las realidades regionales. Sin embargo, también expresó reservas sobre la propuesta de reforma, sugiriendo que no aborda adecuadamente los problemas existentes en la legislación actual.
