En un clima de creciente tensión política, el político ultraderechista peruano Rafael López Aliaga ha lanzado serias acusaciones contra Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Durante un mitin realizado en el centro histórico de Lima, el ex candidato presidencial afirmó que Burneo habría "emborrachado a los observadores" internacionales que llegaron al país para supervisar el proceso electoral de las recientes elecciones generales. Esta declaración, hecha ante sus seguidores, se inscribe en un contexto de desconfianza hacia las instituciones electorales y un clima de polarización que caracteriza la política peruana actual.
López Aliaga, quien quedó fuera de la contienda electoral al obtener 21.000 votos menos que su competidor Roberto Sánchez, ha sostenido que ha sido víctima de un fraude, aunque no presentó pruebas concretas que respalden sus afirmaciones. En su discurso, el político se refirió de manera despectiva a los observadores internacionales, a quienes llamó "caviares", un término que en el Perú se utiliza para denotar a personas de izquierda que son percibidas como acomodadas y que, según algunos, se benefician de las prerrogativas estatales. La utilización de este término refleja la división ideológica que persiste en la sociedad peruana, donde la desconfianza hacia las instituciones se ha vuelto un tema recurrente entre los sectores más radicalizados.
En medio de gritos de sus simpatizantes que lo respaldaban con epítetos como "conchudos" y "mentirosos", López Aliaga acusó a Burneo de haber organizado un evento en un lujoso local con barra libre, presuntamente financiado con recursos públicos. Según él, el objetivo de esta reunión habría sido manipular a los observadores para que avalen un proceso electoral que él califica de "porquería". La situación se torna más compleja considerando que el programa Panorama, de la cadena Panamericana Televisión, reveló que el JNE había organizado una cena en una hacienda del distrito de Surco, cuyo costo ascendió a 25.000 soles, equivalente a unos 7.300 dólares.
La gerente del JNE, Gina Salazar, salió al cruce de las acusaciones, asegurando que la cena fue una actividad protocolar celebrada el 9 de abril, en el marco de un cronograma de actividades que no incluía el consumo de alcohol. Salazar defendió la legitimidad de la reunión, afirmando que no comprometió la neutralidad del proceso electoral y que se trató de una "actividad tradicional". Sin embargo, la Contraloría General ha anunciado el inicio de una investigación sobre este evento, lo que añade un nuevo capítulo a la ya crítica situación política del país.
A pesar de la falta de evidencias que respalden sus denuncias, López Aliaga ha manifestado su intención de impugnar la proclamación de resultados electorales, que ha determinado que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputen una segunda vuelta presidencial. El JNE, por su parte, ha reiterado que la anulación de la proclamación no es posible, lo que ha llevado a López Aliaga a anunciar la presentación de varios recursos legales para intentar invalidar la decisión.
En un intento por movilizar a sus seguidores, López Aliaga convocó a una marcha hacia la sede del JNE, situada a pocas cuadras del lugar del mitin. Este tipo de acciones refleja la estrategia del político para mantener viva la llama del descontento y la polarización en un contexto donde la credibilidad de las instituciones está en entredicho. En definitiva, la situación política en Perú es cada vez más volátil, y el desenlace de este conflicto podría tener repercusiones significativas en la estabilidad del país y en la percepción de la democracia en la región.
