La reciente propuesta del Gobierno argentino de desregular el mercado inmobiliario ha generado una fuerte controversia con los colegios profesionales del sector. Esta iniciativa, que busca modificar el sistema de corretaje, los costos de las operaciones y las condiciones de competencia, ha recibido un rechazo casi unánime por parte de los actores involucrados, a excepción de algunos que abogan por la modernización del marco regulatorio. La tensión se intensificó tras las declaraciones de Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien anunció la presentación de un proyecto de desregulación ante el Congreso en junio próximo durante un evento organizado por Reporte Inmobiliario, donde se reunió con desarrolladores y brokers del sector.
El núcleo del desacuerdo radica en la posible eliminación o flexibilización de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje. Desde el oficialismo, se argumenta que esta medida tiene como objetivo reducir barreras de acceso, fomentar la competencia y dinamizar el mercado. Por otro lado, los colegios profesionales advierten que esta desregulación podría comprometer la seguridad jurídica de las transacciones inmobiliarias y afectar la calidad del servicio brindado a los usuarios, quienes confían en la profesionalidad de los agentes.
El paquete de reformas que el Gobierno está evaluando incluye la revisión de aspectos fundamentales de la actividad inmobiliaria, tales como la matrícula profesional, los honorarios, las restricciones geográficas y el papel de los colegios como entidades reguladoras. La postura del oficialismo se fundamenta en la concepción del corretaje como un servicio de intermediación comercial, lo que justificaría la eliminación de regulaciones consideradas obsoletas y la apertura del mercado a nuevos actores.
Sin embargo, los profesionales del sector sostienen que esta visión es errónea. Argumentan que el corretaje inmobiliario no debe ser tratado como una actividad comercial común, sino como una profesión que requiere conocimientos especializados, responsabilidad legal y un papel esencial en operaciones que involucran montos significativos. En este sentido, Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (COFECI), fue una de las voces más críticas ante esta propuesta.
Liotto señaló que no existe un fundamento jurídico sólido para que el Gobierno nacional intervenga en la regulación de la actividad inmobiliaria, que históricamente ha sido competencia de las provincias. “La organización de la actividad inmobiliaria es un tema que corresponde a cada jurisdicción, y cualquier intento de la Nación por modificar la matrícula podría traer consigo conflictos legales”, advirtió la presidenta del COFECI.
Además, cuestionó la visión del corretaje como una actividad meramente comercial y enfatizó la importancia de mantener estándares de profesionalismo en el sector. En este contexto, los colegios profesionales continúan abogando por un marco regulatorio que garantice tanto la calidad del servicio como la protección de los derechos de los usuarios, mientras que el Gobierno sigue adelante con su agenda de desregulación, lo que podría tener implicaciones significativas para el futuro del mercado inmobiliario argentino.
