El Gobierno de Israel ha tomado la decisión de convocar a la encargada de negocios de la Embajada de España, Francisca Pedrós, para exigirle explicaciones sobre la actuación de la Ertzaintza durante los recientes incidentes que involucraron a activistas de una flotilla que regresaba a Bilbao. Esta medida refleja la creciente tensión entre ambos países, especialmente en el contexto de las críticas que Israel ha lanzado hacia las autoridades españolas, a las que acusan de hipocresía al condenar sus acciones mientras permanecen en silencio ante la violencia ejercida por fuerzas del orden en su propio territorio. La situación se ha vuelto aún más compleja, ya que se cuestiona la postura de España frente a la legitimidad de las intervenciones israelíes, en medio de un panorama de provocaciones y respuestas violentas.
Yossi Amrani, director político del Ministerio de Exteriores israelí, ha señalado que la acción de la Ertzaintza, que resultó en la detención de cuatro personas bajo cargos de desobediencia y resistencia, contrasta notablemente con la postura de condena que España adopta hacia Israel. Amrani ha expresado su descontento al afirmar que mientras España envía provocadores a Israel, también se apresura a criticar al país por sus medidas defensivas, que considera legítimas. Esta dicotomía entre la acción y la reacción ha generado un clima de desconfianza y frustración en las relaciones bilaterales.
Los incidentes ocurrieron en el aeropuerto de Loiu, donde los agentes de la Ertzaintza utilizaron porras y tácticas agresivas para controlar a los activistas. La respuesta violenta de las autoridades vascas ha llevado al Departamento de Seguridad del Gobierno del País Vasco a abrir una investigación interna para determinar si las acciones de la policía se ajustaron a los protocolos establecidos. La situación ha suscitado un amplio debate sobre el uso de la fuerza en manifestaciones y la necesidad de garantizar los derechos de los activistas, en un contexto en el que las tensiones políticas son palpables.
En un comunicado difundido a través de las redes sociales del Ministerio de Exteriores israelí, Amrani también ha cuestionado el silencio del Gobierno español, apuntando que ni el presidente Pedro Sánchez ni sus ministros han condenado públicamente la violencia ejercida por la Ertzaintza. Este silencio ha sido interpretado como una falta de coherencia en la política exterior española, que a menudo se manifiesta en la condena de las acciones israelíes, mientras que no se pronuncia en situaciones similares en su propio territorio.
La Global Sumud Flotilla, que organiza las travesías hacia Gaza, ha denunciado que entre sus miembros detenidos por las fuerzas israelíes se han reportado múltiples agresiones sexuales y numerosos heridos. Estos incidentes ocurrieron tras la intercepción de las embarcaciones en aguas internacionales, lo que ha llevado a incrementar las críticas hacia el tratamiento que reciben los activistas por parte de Israel. La flotilla ha calificado esta situación como una violación de derechos humanos, lo que añade una capa adicional de complejidad al conflicto.
Finalmente, Amrani se ha dirigido a Pedrós para preguntar por qué el Gobierno español no ha tomado acciones respecto a Saif Abukeshek, un activista español que fue detenido en una operación anterior contra la flotilla. Abukeshek, quien pasó una semana en prisión y realizó una huelga de hambre, ha sido acusado por Israel de mantener vínculos con Hamás, lo que ha suscitado aún más controversia y ha puesto de relieve las preocupaciones sobre la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en el contexto de estas operaciones.
