Colombia celebró este domingo el décimo aniversario de la legalización del matrimonio igualitario, un hito significativo en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La celebración tuvo lugar en el Museo Nacional de Bogotá, donde diversas organizaciones defensoras de la diversidad sexual se reunieron no solo para conmemorar los logros obtenidos en la última década, sino también para alertar sobre la importancia de no retroceder en los derechos conquistados, especialmente en el nuevo contexto político que atraviesa el país.

La directora de la organización Colombia Diversa, Marcela Sánchez, expresó su preocupación ante el posible retroceso en los derechos humanos bajo el gobierno actual, caracterizado por posturas conservadoras. “El principal desafío es garantizar el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, lo que implica que los avances logrados no deben ser revertidos”, afirmó Sánchez en declaraciones a la prensa. Este llamado a la defensa de los derechos conquistados se torna más urgente dado el clima político que se respira en el país.

Durante el evento, Adriana González y Marcela Rojas, las primeras parejas en legalizar su matrimonio igualitario en Colombia, entregaron un documento simbólico a Katia González, directora del Museo Nacional. Este documento representa la demanda que Colombia Diversa presentó en 2010 ante la Corte Constitucional, que fue fundamental para que, en 2016, se reconociera el derecho al matrimonio civil para parejas del mismo sexo a través de la sentencia SU-214. Esta decisión marcó un antes y un después en la historia de los derechos civiles en Colombia, posicionando al país como un referente en la región en cuanto a la lucha por la igualdad.

Sánchez recordó que, antes de la sentencia, la organización había intentado en más de 18 ocasiones que se aprobara una ley que reconociera los derechos de las parejas del mismo sexo en el Congreso, esfuerzo que había fracasado sistemáticamente. “Nos quedaba como única opción la vía jurisprudencial en la Corte Constitucional, y debíamos ser muy precisos en nuestros argumentos”, recordó con un tono reflexivo. La resistencia que enfrentaron, incluso desde la Procuraduría General, que intentó oponerse al matrimonio igualitario, subraya la complejidad de la lucha por la igualdad en un contexto de conservadurismo.

A pesar de los avances legislativos, Sánchez hizo hincapié en que persisten serios desafíos para la implementación efectiva de los derechos LGBTIQ+. Aunque la jurisprudencia colombiana es reconocida como una de las más progresistas de la región, la falta de aceptación social y cultural sigue siendo un obstáculo significativo. La existencia de propuestas para llevar a cabo un referendo sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo indica que los logros legales aún carecen de la legitimidad social necesaria, lo que refleja un profundo abismo entre el marco legal y la realidad social.

Desde que la Corte Constitucional reconoció el matrimonio igualitario en 2016, se estima que alrededor de 18.000 parejas del mismo sexo han formalizado su unión en el país. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han señalado que continúan existiendo casos de discriminación y obstáculos administrativos que dificultan el ejercicio pleno de este derecho en diversas notarías y entidades públicas. Esta dualidad entre el avance legislativo y la resistencia social pone de manifiesto la necesidad de un cambio cultural que acompañe a las normativas.

Tras la ceremonia en el museo, miles de personas se volcaron a las calles de Bogotá para participar en la tradicional Marcha del Orgullo. Este evento se desarrolló con gran colorido, con banderas arcoíris, carrozas, música y mensajes que promovían la igualdad y la inclusión, reafirmando el compromiso de la comunidad por seguir luchando contra la discriminación. La celebración no solo fue un recordatorio de los logros alcanzados, sino también una manifestación de unidad y resistencia frente a los nuevos desafíos que se presentan en el horizonte político del país.