En una jornada marcada por la reivindicación de derechos, miembros de diversos colectivos LGBTIQ+ se manifestaron el pasado viernes en Santa Cruz, la ciudad más grande de Bolivia. Esta movilización, conocida como 'Marcha Política', convocó a cientos de personas que exigieron un acceso equitativo a la Justicia y denunciaron la burocracia y la corrupción que, según ellos, obstaculizan su búsqueda de igualdad. La marcha no solo fue un llamado a la acción, sino también una plataforma para visibilizar las injusticias que enfrentan las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el país.

La protesta comenzó en un emblemático punto del centro histórico de Santa Cruz, conocido como la Manzana 1, y recorrió lugares significativos como la Catedral y el Palacio de Justicia. Estos espacios fueron elegidos por los organizadores debido a su simbología en la lucha por la justicia y los derechos humanos. Durante la marcha, se pudieron ver banderas de colores vibrantes, representativas de la diversidad, así como pancartas que transmitían mensajes poderosos de resistencia y esperanza. Los asistentes alzaron la voz para que sus reclamos fueran escuchados, exigiendo no solo justicia para ellos, sino también en honor a amigos y familiares que han sido víctimas de la violencia.

Álex Bernabé, un activista destacado en la comunidad, expresó su preocupación por la situación actual de las personas LGBTIQ+ en Bolivia. Afirmó que, a pesar de que el país cuenta con un marco legal que protege sus derechos desde hace varios años, muchas instituciones siguen ignorando estas normativas. Esto ha llevado a que, en la práctica, los derechos de la población LGBTIQ+ permanezcan en un estado de vulnerabilidad y precariedad. "Las leyes están, pero su implementación es deficiente. Esto se traduce en una negación de la justicia para muchas personas", declaró Bernabé, subrayando la necesidad de un cambio real en las actitudes y prácticas de las instituciones.

Bernabé también hizo hincapié en los prejuicios que aún persisten en el sistema judicial, lo que complica aún más el acceso a la justicia para quienes pertenecen a esta comunidad. “La burocracia y los prejuicios se convierten en barreras que limitan nuestras posibilidades de ser escuchados y atendidos adecuadamente”, agregó, señalando que el camino hacia la igualdad es aún largo y lleno de obstáculos.

La 'Marcha Política' se ha llevado a cabo anualmente desde 2017, diferenciándose de otras celebraciones más festivas que ocurren en torno al 28 de junio, Día Internacional del Orgullo. Su propósito es claro: demandar respuestas efectivas de las autoridades para garantizar la inclusión y los derechos de la población LGBTIQ+. En manifestaciones pasadas, los organizadores han criticado a diferentes entidades gubernamentales, como el Ministerio de Trabajo y la Alcaldía, por no responder adecuadamente a las necesidades de la comunidad, lo que ha generado un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo de Bolivia ha instado al Estado a tomar medidas concretas para proteger los derechos de las personas LGBTIQ+. En un informe reciente, la entidad reveló un alarmante incremento en los casos de violencia y crímenes de odio dirigidos a esta población. En 2025, se registraron 72 denuncias por vulneraciones a sus derechos, siendo Santa Cruz, La Paz y Cochabamba las regiones donde más se concentraron estas quejas. La realidad que enfrenta la comunidad LGBTIQ+ es un llamado urgente a la acción para las autoridades, que deben tomar en serio su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la igualdad de todos los ciudadanos.

Esta marcha no solo representa una lucha por la justicia, sino también un recordatorio de que la sociedad boliviana debe avanzar hacia una mayor inclusión y respeto por la diversidad. Los ecos de la 'Marcha Política' resuenan como un fuerte grito de esperanza y resistencia, uniendo a las voces que claman por un futuro más justo y equitativo para todos.