Un grupo de cocaleros, leales al expresidente Evo Morales, llevó a cabo el lunes una inspección en un cuartel militar ubicado en el Trópico de Cochabamba. Esta medida fue impulsada por la preocupación de que se estuviese organizando un operativo destinado a capturarlo. La Novena División del Ejército, situada en Villa Tunari, se convirtió en el foco de atención, pues los cocaleros, acompañados por numerosos pobladores, cercaron el acceso al recinto para garantizar que no se llevaran a cabo acciones en su contra.

Gregorio Quintela, un representante del sector cocalero, expresó su desconfianza hacia esta unidad militar, argumentando que históricamente ha estado vinculada a operaciones del Gobierno contra el movimiento cocalero. “La Novena División ha sido utilizada como un centro de operaciones para atacar al Trópico de Cochabamba y ha estado involucrada en intentos de asesinato contra Evo Morales”, declaró Quintela durante una transmisión en vivo. Esta situación refleja un clima de tensión en el que la comunidad cocalera se siente amenazada y decide tomar medidas para proteger a su líder.

Desde hace casi dos años, Morales ha permanecido en su bastión del Trópico de Cochabamba para evitar la ejecución de una orden de captura en su contra. La situación legal del exmandatario es compleja, ya que se encuentra imputado por el delito de trata de personas, en el marco de una investigación que lo involucra por presuntos abusos cometidos durante su presidencia. Las ausencias de Morales a múltiples citaciones judiciales, incluida la más reciente el 11 de mayo, llevaron a que se lo declarara en rebeldía y se ratificara la orden de aprehensión en su contra.

El contexto boliviano actual es sumamente conflictivo, especialmente para el sector evismo, que ha levantado la voz exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace sólo seis meses. La situación se ha visto agravada por prolongadas protestas y bloqueos de carreteras, que comenzaron en La Paz a instancias de la Federación de Campesinos Tupac Katari y se han extendido por diversas regiones del país. Según la Administradora Boliviana de Carreteras, actualmente hay 50 piquetes de protesta en seis de los nueve departamentos del país, lo que ha generado un estado de parálisis en el transporte y la logística.

Las protestas han surgido inicialmente por demandas sindicales, como aumentos salariales y mejoras en la calidad del combustible, pero rápidamente se han transformado en exigencias más amplias que incluyen la renuncia del presidente y un reclamo generalizado de inclusión por parte de sectores obreros, campesinos e indígenas. Los analistas destacan que este descontento refleja un profundo malestar social con el Gobierno actual, que ha sido percibido como distante de las necesidades reales de la población.

Recientemente, las manifestaciones han desembocado en episodios de violencia en la sede de Gobierno, con un saldo trágico que incluye el fallecimiento de una persona herida de bala durante un operativo policial destinado a abrir un “corredor humanitario” en un punto de bloqueo en La Paz. Además, los bloqueos han impedido el traslado de pacientes a centros de salud, lo que ha provocado la muerte de al menos cuatro personas debido a la falta de atención médica.

Ante esta situación, el Gobierno ha intentado establecer canales de diálogo con los sectores movilizados, aunque la tensión continúa en aumento. Mientras tanto, el Órgano Legislativo avanza en la abrogación de leyes que han sido foco de controversia, en un intento por calmar las aguas y responder a las demandas de la población. Sin embargo, la desconfianza hacia las instituciones y la polarización política persisten, lo que complica la búsqueda de una solución pacífica a la crisis actual.