La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la ampliación de las medidas provisionales a favor de cinco disidentes nicaragüenses que se encuentran detenidos. Esta petición responde a la situación de extrema gravedad en la que se encuentran estas personas, quienes podrían enfrentar daños irreparables a sus derechos humanos. La información fue confirmada por organizaciones humanitarias que trabajan en la defensa de los derechos fundamentales en la región.
Entre los disidentes mencionados se encuentra el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, quien fue asesor del presidente Daniel Ortega, y su hijo, Álvaro Baltodano Monroy, ambos acusados por la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua de haber creado una serie de empresas ficticias para el lavado de dinero y la evasión fiscal. Además, la lista incluye al coronel en retiro Carlos Brenes, su esposa Salvadora Martínez y el opositor Larry Martínez, quienes también enfrentan serias acusaciones en un contexto de creciente represión política en el país.
La solicitud de la CIDH se enmarca dentro de un caso más amplio conocido como 'Asunto Juan Sebastián Chamorro y otras personas respecto a Nicaragua', que investiga la persecución política que han sufrido más de un centenar de opositores al gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, en los últimos ocho años. Esta situación ha llevado a una crisis de derechos humanos en Nicaragua, donde la represión ha sido sistemática y ha afectado a diversos sectores de la sociedad.
La CIDH ha destacado que de los cinco disidentes, tres son adultos mayores, lo que añade una dimensión preocupante a su estado de salud y bienestar. En particular, Baltodano Cantarero y su hijo se encuentran actualmente recluidos en el centro penitenciario 'La Modelo', donde han estado desaparecidos durante más de cinco meses y han recibido denuncias sobre la falta de atención médica adecuada a sus condiciones de salud. La situación de los otros tres disidentes es aún más incierta, ya que su paradero sigue siendo desconocido desde su detención, lo que genera serias preocupaciones sobre su integridad.
A pesar de las gestiones realizadas por la CIDH para obtener información del Estado nicaragüense sobre las condiciones de detención y la atención a estos disidentes, hasta el momento no se ha recibido respuesta. La falta de información y la inacción del gobierno de Ortega son alarmantes, y la CIDH ha instado a que se adopten medidas efectivas para mitigar el riesgo que enfrentan estas personas, así como para investigar las circunstancias de su detención.
Conforme a lo establecido en el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 27 del Reglamento de la Corte Interamericana, la CIDH ha solicitado que se ordene al Estado de Nicaragua que implemente de manera inmediata las medidas necesarias para salvaguardar la vida, la integridad personal, la salud y la libertad de los cinco disidentes. Esto incluye la obligación de informar formalmente sobre su ubicación y estado actual, un aspecto fundamental para garantizar sus derechos humanos en un contexto de creciente represión política.
La crisis política y social en Nicaragua se ha intensificado desde abril de 2018, cuando estallaron protestas masivas contra el gobierno de Ortega. La situación se agravó aún más tras las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, que fueron ampliamente criticadas por la comunidad internacional y marcadas por la exclusión de la oposición y la represión de disidentes. La demanda de protección por parte de la CIDH se convierte en una voz más que clama por justicia y respeto a los derechos humanos en un país donde la libertad de expresión y la disidencia son cada vez más vulnerables.
