En el contexto de la reciente presentación de la Ley de Reconstrucción Nacional por parte del Gobierno de Kast, el Congreso chileno se enfrenta a un nuevo escenario legislativo que podría derivar en juicios políticos. Legisladores de la oposición están considerando la posibilidad de acusar constitucionalmente a dos exministros de la administración de Gabriel Boric: Nicolás Grau, exministro de Hacienda, y Carlos Montes, exministro de Vivienda y Urbanismo. Esta decisión podría tener profundas implicancias políticas en un momento donde el país busca estabilizar su situación económica y social.
Las acusaciones contra Nicolás Grau se centran en lo que se califica como “negligencia técnica grave”, en relación a su gestión fiscal que ha llevado a un déficit estructural elevado, estimado en un 3,6% del Producto Bruto Interno (PBI) en febrero de este año. Por su parte, Carlos Montes se enfrenta a cuestionamientos derivados de un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que critica el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) implementado tras el devastador megaincendio que afectó a Valparaíso en febrero de 2024. Ambos casos evidencian una creciente tensión entre el oficialismo y la oposición, en un ambiente ya polarizado.
El plazo para presentar estas acusaciones es limitado, ya que la legislación estipula que las imputaciones contra funcionarios del gobierno anterior deben realizarse dentro de los tres meses posteriores a un cambio de mando, que en este caso ocurrió el 11 de marzo pasado. Este marco temporal apremiante agrega presión a los parlamentarios, quienes están evaluando cuidadosamente los antecedentes para fundamentar las acusaciones de manera efectiva. Esto también refleja una estrategia política más amplia, donde cada partido busca consolidar su presencia y relevancia en el debate nacional.
Benjamín Moreno, líder de la bancada del Partido Republicano, ha señalado que un equipo está investigando las decisiones de Grau, sugiriendo que existe un patrón de errores que podría indicar un comportamiento doloso. La afirmación de Moreno pone de manifiesto la seriedad con que la oposición está tratando de abordar estos casos, no solo desde una perspectiva legal, sino también como un medio para cuestionar la gestión del anterior gobierno y sus consecuencias.
Por su parte, Hotuiti Teao, diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), ha manifestado su intención de impulsar un juicio político contra Montes, argumentando que el informe de la Contraloría presenta evidencias contundentes sobre las irregularidades en la ejecución del PEH. Este plan, destinado a mitigar el impacto del desastre en Valparaíso, ha sido objeto de críticas por la falta de transparencia y eficiencia en la adquisición de terrenos, lo que ha generado desconfianza en la ciudadanía sobre la capacidad del gobierno para gestionar crisis.
El actual ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha confirmado la gravedad de los hallazgos del informe de la Contraloría, señalando que el déficit habitacional en Chile asciende a 500 mil familias sin acceso a terrenos adecuados. Esta situación resalta la urgencia de una respuesta legislativa y la necesidad de que el Parlamento actúe con determinación ante las irregularidades identificadas. En un país que ha enfrentado múltiples crisis en los últimos años, la forma en que se manejen estas acusaciones podría tener un impacto significativo en la percepción pública y en la estabilidad política a mediano y largo plazo.
