La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, ubicada en el emblemático edificio de Comodoro Py 2002 en el barrio de Retiro, es considerada uno de los tribunales más relevantes del sistema judicial argentino. Su función principal consiste en actuar como instancia superior de revisión de las decisiones de los juzgados federales de la ciudad, lo que implica que tiene la autoridad para confirmar o anular procesamientos, dictar sobreseimientos y decidir la continuidad de causas de gran impacto social y político, tales como las vinculadas a la corrupción, narcotráfico o trata de personas. Este contexto hace que los nombramientos que se realicen en esta sala sean de una importancia crucial para el funcionamiento del sistema judicial y su credibilidad ante la sociedad.
El pasado jueves, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura dio un paso significativo al aprobar las ternas que postulan a seis candidatos para cubrir los dos cargos vacantes en la Sala I. Esta selección se realizó en el marco del Concurso N° 461 y fue promovida por Diego Barroetaveña, actual presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y consejero en representación de los magistrados. El dictamen logró el respaldo de siete miembros de la comisión, incluyendo a figuras destacadas como Jimena de la Torre, Hugo Galderisi y Santiago Viola, lo que evidencia un consenso importante en torno a los candidatos propuestos. Ahora, las ternas deberán ser sometidas a votación en un plenario del Consejo, donde se requerirán 14 votos para su aprobación y posterior elevación al Poder Ejecutivo, que finalmente seleccionará a uno de los postulantes para cada cargo.
La disputa por estos dos cargos no ha estado exenta de tensiones políticas. En 2018, el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri nombró a los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia mediante un decreto, utilizando un mecanismo de traslado que no requería la aprobación del Senado, de acuerdo a la interpretación vigente en ese momento. Sin embargo, esta decisión generó controversia y fue cuestionada por el Consejo de la Magistratura en julio de 2020, quien argumentó que los traslados no cumplían con el procedimiento establecido en la Constitución. Esta controversia llevó al gobierno de Alberto Fernández a solicitar la aprobación del Senado para que los magistrados pudiesen continuar en sus funciones, solicitud que fue rechazada el 16 de septiembre de 2020, resultando en la anulación de los decretos originales.
La situación escaló cuando la Corte Suprema de Justicia, ante la urgencia del caso, decidió intervenir y, en noviembre de 2020, falló a favor de los camaristas, ordenando su reincorporación y calificando como arbitraria la resolución del Consejo. Sin embargo, la Corte también determinó que los cargos deberían ser sometidos a un concurso, lo que fue visto como una forma de legitimar el proceso y asegurar la estabilidad de quienes ocuparan esos puestos en el futuro. En este contexto, el gobierno de Fernández convocó al Concurso N° 461, programando la prueba de oposición para el 26 de febrero de 2021, un paso que fue interpretado como un intento de normalizar la situación judicial.
A medida que avanza el proceso, se ha generado un ambiente de incertidumbre y expectativas. Bertuzzi optó por participar en el concurso, mientras que Bruglia decidió no presentarse. El reciente avance en la selección de los candidatos marca una etapa crítica, que podría tener consecuencias significativas en el ámbito judicial argentino, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la corrupción y otros delitos complejos.
De los seis candidatos propuestos por Barroetaveña, se destaca la presencia de un camarista federal en ejercicio, lo que podría aportar una perspectiva valiosa al tribunal. La composición final de la Sala I, que está en juego, será fundamental no solo para la administración de justicia, sino también para el clima político y social del país, dado que la percepción de imparcialidad y eficacia del sistema judicial está constantemente bajo el escrutinio de la opinión pública. La decisión que tome el Ejecutivo en los próximos días, al seleccionar a los nuevos magistrados, será observada con atención tanto por los actores políticos como por la ciudadanía, en un contexto de creciente demanda por una justicia más transparente y equitativa.
