La demanda civil presentada en Argentina contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Global por la construcción de una planta de hidrógeno verde en Paysandú está tomando un rumbo significativo en el ámbito judicial. Este emprendimiento, que representa la mayor inversión en la historia del país vecino, ha generado tensiones entre Argentina y Uruguay, especialmente en la región de Colón, a solo tres kilómetros de la instalación propuesta. La preocupación ha sido impulsada por legisladores de la oposición que argumentan que el proyecto podría acarrear serios daños ambientales en el ecosistema del río Uruguay.

El conflicto se intensificó cuando los legisladores Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay decidieron presentar un escrito ante la justicia, exponiendo sus temores sobre los efectos nocivos que la planta podría provocar. En un reciente pronunciamiento, la Fiscalía de Concepción del Uruguay determinó que el caso debe ser procesado en el Juzgado Federal de esa ciudad, bajo el expediente 3276/2026. Este paso es crucial, ya que permite a la justicia uruguaya evaluar las medidas preventivas que los legisladores han solicitado, entre las que se incluye un reconocimiento judicial de las costas del río y un análisis detallado de la calidad del agua.

Guillermo Michel, uno de los impulsores de la demanda, expresó su satisfacción con el avance del proceso judicial, señalando que la Fiscalía ha aceptado su competencia, así como la de sus colegas Bahl y Marclay. Criticó la falta de acción del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y enfatizó la necesidad de que el mandatario tome su rol con seriedad y profesionalismo. Según Michel, la participación en la justicia es una forma de compensar la inacción gubernamental y de proteger los intereses de la comunidad.

Los legisladores argumentan que la instalación de la planta en cuestión infringe las normas establecidas bajo el Estatuto del Río Uruguay, así como la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya, que se pronunció en el caso “Botnia-UPM” hace más de una década. Esta referencia al conflicto por la planta de celulosa en Fray Bentos, que tensó las relaciones entre ambas naciones entre 2005 y 2010, resuena en el discurso de los legisladores, quienes buscan prevenir un escenario similar. Para mantener informada a la ciudadanía sobre el desarrollo del expediente, han creado un sitio web dedicado a la difusión de información relevante.

El presidente de Paysandú, Yamandú Orsi, ha abordado la situación con un enfoque conciliador, al referirse a las decisiones de los inversores y manifestar su disposición a colaborar para llegar a acuerdos que mitiguen las tensiones con Argentina. Orsi se mostró optimista y afirmó que confía en que se podrán encontrar soluciones que beneficien a ambos países, al tiempo que disminuyan las preocupaciones de los vecinos argentinos.

Por su parte, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, criticó las declaraciones de Frigerio, quien se refirió a la situación como una potencial “nueva Botnia”. Lubetkin recordó el pasado conflicto binacional y subrayó la importancia del diálogo continuo entre ambas naciones. Según el ministro de Relaciones Exteriores, la comunicación con las autoridades argentinas ha sido constante y efectiva, y es fundamental para evitar malentendidos y trabajar en conjunto en el futuro.

En este contexto, la denuncia contra el Estado uruguayo representa no solo un desafío legal, sino también una oportunidad para reexaminar las relaciones bilaterales entre Argentina y Uruguay. A medida que avanza el proceso judicial, es probable que se genere un debate más amplio sobre la sostenibilidad ambiental y las inversiones transfronterizas, temas que son cada vez más relevantes en la agenda política y social de ambos países.