La Cámara Federal de Casación Penal ha habilitado el tratamiento de una solicitud presentada por el fiscal general Diego Velasco, quien ha solicitado la fijación de una fecha para el inicio del juicio oral en la causa conocida como Hotesur-Los Sauces. Este caso involucra a figuras prominentes de la política argentina, entre ellos la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López. A pesar de que aún restan conclusiones de pericias contables, la decisión del tribunal permitirá que se evalúe la posibilidad de comenzar el proceso judicial sin esperar la finalización de esos informes.
La sala I de la Cámara, compuesta por los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, tomó esta decisión en respuesta a un recurso de queja presentado por el representante del Ministerio Público. Previamente, el Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, había rechazado la solicitud de fijar una fecha específica para el juicio argumentando que aún existían pruebas pendientes, de acuerdo al artículo 359 del Código Procesal Penal de la Nación. Este artículo establece que es necesario contar con todas las pruebas antes de avanzar hacia el juicio, lo que ha generado un debate sobre la interpretación que se le debe dar a esta normativa.
Los jueces argumentaron que la queja del fiscal cumple con los requisitos necesarios para ser admitida, permitiendo así el tratamiento en la instancia casatoria. En la resolución, se aclara que aceptar el recurso no implica un juicio de valor sobre el fondo del asunto, pero sí abre la puerta a que se considere la urgencia del planteo. El fiscal Velasco ha enfatizado que la falta de un cronograma de audiencias puede causar un perjuicio que sería difícil de reparar en el futuro, lo que requeriría una intervención judicial inmediata.
Un aspecto central de la discusión es si el juicio puede avanzar a pesar de que algunas pericias sigan pendientes. La defensa ha argumentado que es esencial concluir todas las pruebas antes de avanzar, mientras que la fiscalía sostiene que la instrucción ya ha alcanzado un nivel avanzado y que las pruebas faltantes pueden ser presentadas durante el juicio. Esta tensión entre la necesidad de celeridad judicial y el derecho a un debido proceso se ha convertido en un punto crítico del debate legal.
Entre las pericias que aún están en proceso se encuentran las relacionadas con la firma Los Sauces, cuya evaluación está en camino, así como la comparación de los alquileres que se declararon con las tasaciones oficiales de los inmuebles en cuestión. Es importante destacar que una pericia relacionada con Hotesur ya ha sido concluida y se encuentra incorporada a las actuaciones del caso, lo que sugiere que el proceso de recolección de pruebas está avanzando.
La causa Hotesur-Los Sauces, que se inició en 2014, investiga posibles delitos de lavado de dinero, falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito. La acusación sostiene que las empresas Hotesur y Los Sauces, administradas por la familia Kirchner, habrían simulado alquileres con el objetivo de canalizar fondos provenientes de la obra pública. Entre los acusados también se encuentran Fabián De Sousa y el ex contador Víctor Manzanares, en un entramado donde se busca determinar si los pagos realizados por empresas como las de Lázaro Báez y Cristóbal López fueron en realidad una fachada para encubrir maniobras ilícitas.



