El oficialismo argentino ha dado un paso significativo en su agenda legislativa al avanzar con dos iniciativas cruciales para mejorar la proyección internacional del país y fomentar la atracción de inversiones. A medida que el Gobierno observa con atención el comportamiento de sus aliados en el Senado, se prepara para llevar a votación en Diputados, el próximo 24 de julio, un acuerdo de pago a dos fondos buitre y el régimen conocido como Súper RIGI. Estas propuestas no solo buscan aliviar la carga financiera del país, sino también estimular el crecimiento económico a través de nuevas inversiones.
El proyecto del Súper RIGI se presenta como un marco de incentivos diseñado para fomentar "nuevas actividades económicas" como el desarrollo de infraestructura tecnológica y digital. Este régimen ofrece una serie de beneficios que se extienden por un periodo de 30 años, pero solo para aquellos proyectos que impliquen inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, con un desembolso inicial del 20% en los primeros dos años. Sin embargo, el proyecto también incluye restricciones que impiden la extensión de estos beneficios a sectores ya integrados en el Régimen de Incentivos para la Generación de Inversiones (RIGI), y a aquellos que operan en instalaciones preexistentes.
Desde su propuesta inicial hasta la versión que se someterá a votación, el texto del Súper RIGI ha sido objeto de múltiples modificaciones; en total, se han realizado ocho cambios enfocados en optimizar los incentivos para la inversión y la registración de proyectos. El respaldo a esta iniciativa ha sido considerable, logrando la firma de 61 legisladores provenientes de diversas fuerzas políticas como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y otros aliados provinciales. Este amplio apoyo político refleja un consenso en torno a la necesidad de generar un entorno favorable para la inversión en el país.
Por otro lado, el polémico acuerdo de pago a los fondos buitre, que asciende a 171 millones de dólares y está dirigido a los holdouts Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, también ha sido dictaminado. Estos fondos habían iniciado un proceso judicial en Estados Unidos, buscando embargar activos argentinos, lo que ha puesto al Gobierno ante la urgencia de obtener la aprobación del Congreso antes de la fecha límite del 30 de junio. En el Senado, la propuesta fue aprobada con 40 votos a favor y 22 en contra, lo que demuestra la división en torno a este tema.
Durante las sesiones legislativas, los representantes Amerio y Stampalija explicaron los detalles del acuerdo con los fondos buitre, enfatizando la necesidad de resolver este conflicto para evitar mayores complicaciones financieras. En el marco del debate sobre el Súper RIGI, se realizaron modificaciones adicionales a la redacción original, incluyendo una cláusula que obliga a los proyectos a destinar al menos el 20% de su inversión total a proveedores locales. Esta medida fue impulsada por el MID, a través de su representante Eduardo Falcone, quien destacó la importancia de fomentar la economía local.
Adicionalmente, el PRO propuso la creación de un registro público de proyectos, así como un proceso institucionalizado de evaluación que garantice la transparencia en la ejecución de la prórroga del régimen. La legisladora Daiana Fernández Molero subrayó que estas medidas son fundamentales para avanzar hacia una normalización económica en el país. En este contexto, diversas fuerzas políticas han manifestado su compromiso de trabajar en conjunto para establecer un marco legislativo que permita a Argentina avanzar en su desarrollo económico y social.
Este conjunto de iniciativas refleja un intento del Gobierno por mostrar un compromiso firme hacia la atracción de inversiones y la resolución de conflictos financieros históricos. A medida que se acerca la fecha de votación, la atención se centra en cómo estas propuestas serán recibidas en el Congreso y qué implicaciones tendrán para el futuro económico del país.
