La administración del expresidente Donald Trump ha presentado una propuesta que plantea un incremento del 75% en el costo de la ciudadanía estadounidense, lo que ha generado un intenso debate sobre las implicaciones para los inmigrantes. Esta medida no solo incrementa las tarifas de naturalización, sino que también elimina las exenciones de pago que beneficiaban a los inmigrantes de bajos ingresos, añadiendo así nuevas complicaciones a un proceso que ya de por sí es extenso y complejo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha hecho oficial esta propuesta a través del Registro Federal, donde se establece un período de 60 días para recibir comentarios del público antes de que la medida pueda entrar en vigor. Si se aprueba, los costos de solicitud de ciudadanía en papel pasarían de 760 a 1.330 dólares, lo que representa un aumento considerable de 570 dólares. Las solicitudes realizadas en línea también verían un incremento, elevándose de 710 a 1.280 dólares, en un esfuerzo por ajustar las tarifas a los costos reales del proceso de naturalización.
Además, las tarifas para apelar decisiones negativas ante la junta de apelaciones también sufrirían un incremento significativo, escalando de 830 a 1.475 dólares. Este aumento del 77,7% en las tarifas de apelación se suma a las dificultades que enfrentan los solicitantes. Mientras que los militares en servicio activo y los veteranos se beneficiarían de una exención, el resto de las exenciones existentes, que incluían a aquellos hogares con ingresos iguales o inferiores al 400% de la línea de pobreza federal, quedarían eliminadas.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha argumentado que su financiamiento depende en gran medida de las tarifas recaudadas, en lugar de depender de fondos del presupuesto federal. Según el gobierno, las tarifas actuales no cubren los costos reales asociados al proceso de naturalización. Sin embargo, esta justificación ha sido objeto de críticas, ya que administraciones anteriores mantuvieron tarifas más accesibles con el objetivo de fomentar la ciudadanía y la integración social de los inmigrantes en el país.
El DHS ha dejado claro que su enfoque ha cambiado, afirmando que ya no considera necesario mantener tarifas más bajas para las solicitudes de naturalización, a costa de limitar otros beneficios migratorios. En este contexto, se menciona que el aumento de tarifas también se encuentra relacionado con las políticas implementadas por Trump, que ordenaron revisiones exhaustivas de los solicitantes, incluyendo la evaluación de sus redes sociales.
Expertos en inmigración han expresado su preocupación ante esta propuesta. Doug Rand, exfuncionario de USCIS bajo la administración Biden, ha rechazado la justificación oficial, sugiriendo que el aumento de tarifas es un intento deliberado de crear barreras adicionales para los inmigrantes legales. Por su parte, la abogada Rosanna Berardi ha destacado que estas medidas, junto con el aumento de tarifas y la eliminación de exenciones, no simplifican el sistema, sino que construyen obstáculos dentro de él, dificultando aún más el acceso a la ciudadanía.
Convertirse en ciudadano estadounidense implica, generalmente, haber poseído una tarjeta de residencia permanente (green card) durante un período de tres a cinco años, dependiendo de la situación del solicitante. El proceso incluye una exhaustiva investigación de antecedentes, una entrevista y la aprobación de un examen de inglés y educación cívica, lo que resalta la complejidad y exigencias que ya enfrentan los inmigrantes que buscan establecerse de manera legal en Estados Unidos.
