La inflación en Argentina continúa su senda ascendente, llevando ya nueve meses sin mostrar signos de desaceleración. En este contexto, el presidente Javier Milei ha manifestado su expectativa de que a partir de agosto se podría "comenzar con cero", sin embargo, la reciente escalada en los precios de los servicios públicos y el transporte podría complicar estas proyecciones. En marzo, la canasta de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentó un incremento del 11,4% en comparación con el mes anterior, lo que genera preocupación sobre el efecto que esto tendrá en la economía familiar y en la inflación general.
Este aumento en la canasta de servicios, que abarca luz, gas, agua y transporte, es impulsado principalmente por el sector del transporte, que en marzo vio un aumento del 14,8%. Este rubro es el que más peso tiene en el índice de precios, según el último informe del Instituto de Investigación Económica y Política (IIEP). La presión inflacionaria se ve acentuada por la indexación automática del boleto en la Ciudad de Buenos Aires y por ajustes en las tarifas de las líneas de transporte interjurisdiccionales, lo que ha llevado a muchas familias a reconfigurar su presupuesto mensual.
En paralelo, el conflicto en Medio Oriente ha contribuido a un aumento significativo en los precios de los combustibles. Durante la primera semana de marzo, la nafta incrementó su precio en un 15% y el gasoil en un 14,6%. Este fenómeno está relacionado con la tensión en la región del Estrecho de Ormuz, un área estratégica por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. Como resultado, el precio del crudo alcanzó los 112 dólares por barril, lo que impacta directamente en el costo de vida de los argentinos.
El costo promedio mensual para un hogar en el AMBA para cubrir servicios de luz, gas, agua y transporte ha alcanzado los 213.557 pesos, lo que supone un aumento acumulado del 16,4% en los primeros dos meses del año. En la comparación interanual, este número se eleva a un alarmante 46%, notablemente por encima de la proyección de inflación interanual que se esperaba en torno al 32% para marzo. Estos aumentos no son casuales, sino que responden a una estrategia de política económica que busca reducir gradualmente los subsidios y trasladar la carga de los costos a los usuarios.
La relación actual entre el costo de los servicios y lo que el Estado subsidia ha comenzado a cambiar. En este momento, las familias cubren en promedio el 65% del costo total de los servicios, mientras que el Estado se hace cargo del resto. Sin embargo, esta proporción ha venido modificándose en los últimos meses, lo que ha generado un mayor impacto en la economía doméstica. La presión en el sector del transporte, que representa cerca del 47% del gasto total de los hogares, ha llevado a que la movilidad cotidiana se convierta en una prioridad en el gasto general de las familias.
La reciente escalada de precios también revive el debate sobre el índice de inflación, puesto que la nueva medición debería considerar un mayor peso de los servicios públicos y del transporte. Un análisis de los datos de febrero ya reflejaba esta diferencia, donde el fuerte aumento de los precios regulados podría haber llevado el índice de precios al consumidor (IPC) a ubicarse entre el 3% y el 3,1%, según diferentes fuentes privadas. Estos cambios en el entorno inflacionario y en la estructura de gastos de los hogares presentan un desafío importante para el gobierno y para la economía en general, que deberá encontrar un equilibrio entre la reducción de subsidios y la protección del poder adquisitivo de los ciudadanos.
