En el transcurso de 2025, los países de Oriente Medio han intensificado notablemente la aplicación de la pena de muerte, según el informe más reciente de Amnistía Internacional. Esta situación ha llevado a Irán y Arabia Saudí a alcanzar cifras récord en ejecuciones, con 2.159 y 356 casos respectivamente, lo que ha generado una creciente preocupación a nivel internacional por el uso de esta práctica como herramienta de represión. La organización ha señalado que el incremento de las ejecuciones es parte de una tendencia alarmante que refleja un desprecio por los derechos humanos y el debido proceso.
El informe destaca que Irán ha llevado a cabo un uso intensivo de la pena capital, empleándola como un medio para silenciar a aquellos que se atreven a cuestionar al régimen de la República Islámica. Esta medida ha resultado en un aumento significativo de las ejecuciones, alcanzando la cifra más alta desde 1981. Las autoridades iraníes han justificado este endurecimiento de las políticas penales argumentando la necesidad de mantener el orden y la estabilidad en un contexto sociopolítico cada vez más tenso, pero las críticas internacionales han aumentado en respuesta a estas justificaciones.
Por su parte, Arabia Saudí no se queda atrás y ha registrado un aumento en el número de ejecuciones, alcanzando 356 casos en 2025. Este incremento representa un nuevo récord histórico, superando la cifra de 345 del año anterior. La organización Amnistía Internacional ha expresado su alarma por la falta de respeto a las normativas internacionales en materia de derechos humanos en la aplicación de la pena de muerte, indicando que muchas de estas ejecuciones se llevan a cabo sin el debido proceso, a menudo en violación de los principios básicos de justicia.
Un aspecto particularmente preocupante del informe es que el 67% de las ejecuciones en Arabia Saudí estaban relacionadas con delitos de drogas. A pesar de que el derecho internacional prohíbe la pena de muerte por estos delitos, las autoridades saudíes han continuado aplicándola de manera sistemática. Este enfoque se enmarca en una política más amplia de endurecimiento de las leyes contra las drogas, que ha llevado a la implementación de penas más severas, incluso para aquellos involucrados en el tráfico de sustancias a menores de edad.
Kuwait también ha experimentado un aumento en el uso de la pena capital, triplicando sus ejecuciones en comparación con el año anterior. En 2025, se registraron 17 ejecuciones, lo que refleja un endurecimiento en su legislación sobre drogas. La nueva ley amplía el ámbito de aplicación de la pena de muerte a los responsables de la producción y el tráfico de sustancias estupefacientes, en un contexto donde las políticas punitivas se han intensificado en toda la región.
Esta situación en Oriente Medio pone de manifiesto un patrón preocupante, donde la pena de muerte se utiliza como un instrumento de control social y represión política. Amnistía Internacional ha subrayado que muchos de los procesos judiciales en los que se dictan estas sentencias están marcados por violaciones de derechos humanos, incluyendo confesiones obtenidas bajo tortura. Este uso del castigo capital no solo contraviene las normativas internacionales, sino que también refleja una tendencia hacia la criminalización de la disidencia y el uso de la pena de muerte como una herramienta para gestionar la seguridad nacional en un contexto de creciente autoritarismo.
