El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha confirmado que la empresa estatal AUBASA ha formalizado su participación en la licitación de las rutas nacionales. En este contexto, las autoridades provinciales han solicitado la intervención de las Defensorías del Pueblo tanto a nivel nacional como provincial ante el Ministerio de Economía de la Nación. El objetivo de esta solicitud es que dichos organismos actúen como veedores en el proceso licitatorio, buscando garantizar la transparencia y evitar posibles arbitrariedades que podrían afectar la integridad del mismo.

Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Casa de Gobierno de La Plata, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, destacó la importancia de que la intervención de las Defensorías sea previa al proceso, ya que una exclusión arbitraria de AUBASA podría causar un daño considerable que, en muchos casos, sería de difícil o imposible reparación. Katopodis subrayó que la situación actual del proceso licitatorio es de “máxima sensibilidad institucional”, lo que resalta la necesidad de un escrutinio riguroso por parte de los organismos de control.

Acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, Katopodis expresó su preocupación por la falta de transparencia en el proceso licitatorio, señalando que se han detectado irregularidades significativas en la Red Federal de Concesiones. En este sentido, AUBASA se ha presentado como oferente para la concesión de más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales ubicadas en territorio bonaerense, incluyendo tramos cruciales como las rutas 3, 205 y 226, así como las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri.

El ministro Katopodis criticó especialmente las modificaciones que ha implementado el Gobierno nacional en el transcurso del proceso licitatorio. Según su presentación, entre diciembre y febrero se emitieron al menos cuatro circulares que alteraron las condiciones originales de la licitación. La más reciente de estas modificaciones, introducida a pocos días del cierre, incluyó nuevas exigencias técnicas y económico-financieras sin previo aviso, lo que generó preocupación sobre la equidad del proceso.

"El Gobierno nacional cambió las reglas de la licitación a tan solo una semana del cierre, lo que ha llevado a una serie de arbitrariedades", afirmó Katopodis. También hizo hincapié en que estos cambios perjudican la igualdad entre los oferentes y comprometen la previsibilidad del proceso, lo que podría generar un trato desigual a la hora de evaluar las propuestas presentadas.

Por otro lado, la presentación también pone en tela de juicio la interpretación de la experiencia técnica de AUBASA. La trayectoria de esta empresa en la gestión de rutas ha sido cuestionada bajo argumentos que, según el gobierno provincial, no se corresponden con la realidad operativa de una concesionaria. Este aspecto se suma a un clima político de creciente tensión, lo que complica aún más el panorama de la licitación.