A poco tiempo de cumplirse un año desde la detención de Germán Darío Giuliani, el último argentino apresado por el régimen venezolano, el gobierno argentino ha renovado su demanda ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela. La solicitud también incluye el pedido de acceso a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que pueda ingresar al país y verificar la situación de los derechos humanos.
Durante una reunión ordinaria celebrada en Washington, Estados Unidos, representantes de Argentina y otras naciones abordaron la compleja situación humanitaria en Venezuela. El diplomático argentino Carlos Cherniak hizo un fuerte énfasis en la necesidad de que este tema permanezca en la agenda del organismo internacional. "Es imperativo que la OEA se convierta en la voz de aquellos que no tienen voz, especialmente en contextos donde las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas", declaró ante sus pares en el Consejo.
Cherniak destacó que las herramientas del Sistema Interamericano, como la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, no son instrumentos destinados a ser utilizados únicamente en tiempos de estabilidad. Por el contrario, deben ser invocados en situaciones en las que el poder se ejerce sin límites y el Estado se transforma en una máquina de represión. Estas afirmaciones evidencian la necesidad de una acción inmediata por parte de la comunidad internacional ante la crisis que atraviesa Venezuela, donde el respeto a los derechos fundamentales ha sido sistemáticamente vulnerado.
La situación de Giuliani ha cobrado relevancia en el ámbito diplomático, especialmente tras la adopción de la Resolución 32/2026 por parte de la CIDH el pasado 27 de abril. Esta resolución otorga medidas cautelares al argentino, exigiendo al gobierno de Caracas que informe de manera urgente sobre su estado de salud, su ubicación exacta y las condiciones de su detención. Según los informes, Giuliani ha denunciado haber sido sometido a torturas físicas, incluyendo golpizas, y las denuncias de un excompañero de celda corroboran el estado crítico en el que fue encontrado, con evidentes signos de maltrato.
Giuliani fue arrestado entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana mientras se encontraba en una embarcación alquilada en las aguas del estado Anzoátegui. Su acento argentino fue motivo suficiente para su inmediata detención, y desde entonces ha sido acusado de terrorismo y narcotráfico, aunque no se han presentado evidencias públicas que sustenten estas acusaciones. Desde su arresto, ha sido trasladado a al menos tres centros penitenciarios, incluyendo el Comando Militar de Las Acacias y las cárceles Yare II y III, donde sus familiares siguen sin conocer su paradero exacto.
La CIDH también ha documentado las severas restricciones en la comunicación de Giuliani con su familia, que se limitan a llamadas breves y supervisadas, con periodos prolongados sin ningún tipo de contacto. Este régimen de comunicación ha generado preocupación por su bienestar psicológico y físico. La Comisión ha solicitado que se garantice el acceso a agua potable, alimentos adecuados y atención médica urgente, elementos básicos que han sido ignorados por el gobierno venezolano, que no ha respondido al requerimiento de información que la CIDH emitió el 16 de abril, cuyo plazo ya ha expirado.
La situación en Venezuela y el caso de Giuliani son reflejos de una crisis más amplia que afecta a miles de ciudadanos, muchos de los cuales se encuentran en condiciones similares de privación de libertad y violaciones de derechos. La comunidad internacional, a través de organismos como la OEA y la CIDH, tiene la responsabilidad de actuar y exigir que se respeten los derechos fundamentales de todos los individuos, así como la liberación de aquellos que son considerados prisioneros políticos. Lo que está en juego es no solo la vida de Giuliani, sino también el futuro de la democracia y el respeto a los derechos humanos en la región.
