En el marco de la investigación sobre la compra de un departamento en Caballito por parte de Manuel Adorni, un testigo clave ha aportado información que podría complicar la situación del jefe de Gabinete. Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que financió la compra, declaró ante la fiscalía que la transacción incluyó un pago adicional de 65.000 dólares, que no fue registrado en la escritura oficial. Este monto, según Miano, formaba parte del acuerdo de compraventa y, hasta el momento, Adorni no lo habría saldado, lo que implica que el funcionario mantiene una deuda pendiente.
El testimonio de Miano se suma a lo declarado anteriormente por Pablo Martín Feijóo, hijo de otra de las prestamistas involucradas. Feijóo había afirmado que el pago extra se acordó para cubrir gastos relacionados con la operación. Además, destacó que Adorni había manifestado tener solo 30.000 dólares, lo que llevó a un arreglo financiero mediante una hipoteca de 200.000 dólares, otorgada por las madres de ambos, Miano y Feijóo, para facilitar la compra del inmueble.
La fiscalía, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, se encuentra investigando la posibilidad de que existan acuerdos que no figuren en la escritura o mecanismos de pago no registrados, lo que ha despertado interrogantes sobre la transparencia de esta transacción. La declaración de Miano, que se extendió por más de una hora, es crucial para entender los detalles de este caso que ha captado la atención pública y mediática en las últimas semanas.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el fiscal Pollicita rechazó el pedido de detención inmediata de Adorni, presentado por la diputada Marcela Pagano. El fiscal consideró que no había un “riesgo real o grave” que justificara tal medida en esta etapa del proceso. Pagano había argumentado que existían dos causas para solicitar la detención: el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, Pollicita determinó que no se verificaban las condiciones necesarias para proceder de esa manera.
No obstante, el fiscal dejó abierta la posibilidad de implementar otras medidas cautelares, como la prohibición de contacto entre Adorni y ciertos testigos, lo que podría limitar sus interacciones mientras avanza la investigación. La situación se complica aún más con el peritaje ordenado del celular de Matías Tabar, el contratista que también declaró en el caso, donde se busca corroborar supuestos intercambios de mensajes entre él, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
La diputada Pagano, quien ha estado al frente de este caso, sostiene que las acciones de Adorni podrían haber influido en los testimonios de los testigos. Su denuncia inicial se basó en indicios de enriquecimiento ilícito y la posibilidad de que el funcionario hubiera presionado a Tabar antes de su declaración. La legisladora argumentó que la ley permite solicitar la detención en casos donde se sospeche del entorpecimiento de la causa, lo que, a su juicio, se evidenció en la declaración del contratista.
Este caso no solo representa un desafío legal para Manuel Adorni, sino que también pone de manifiesto la necesidad de mayor transparencia en las operaciones inmobiliarias y los vínculos entre funcionarios públicos y el sector privado. La investigación continúa, y la atención pública se centra en cómo se desarrollará este proceso judicial y qué implicaciones podría tener para la administración actual.
