El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, tomó la decisión de declarar persona no grata al embajador de Irán en el país, Mohsen Soltani Tehrani, quien deberá abandonar el territorio nacional en un plazo no mayor a 48 horas. Esta medida se produce en un contexto de tensiones internacionales, especialmente después de que Irán criticara la reciente declaración de la Argentina que considera a la Guardia Revolucionaria Iraní como una organización terrorista. Esta acción marca un giro significativo en la política exterior argentina y refleja un endurecimiento de su postura hacia el régimen de Teherán.
La comunicación oficial fue emitida por el canciller Pablo Quirno, quien fundamentó la decisión en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. En el comunicado, se especificó que Soltani Tehrani, quien ocupaba el cargo de encargado de negocios ad interim de Irán, fue debidamente notificado sobre la resolución. Esta expulsión se da en un momento donde las relaciones diplomáticas entre Argentina e Irán ya se encontraban tensas, especialmente debido a antecedentes de acusaciones de terrorismo que involucran al régimen iraní.
El embajador iraní había sido designado en diciembre de 2021, durante la administración del ex presidente Alberto Fernández, y su expulsión representa la ruptura del principal canal diplomático entre ambas naciones. La decisión también se inscribe en un contexto geopolítico más amplio, donde la Argentina ha alineado su política exterior con los intereses de sus aliados más cercanos, lo que puede tener repercusiones en otras áreas de su política internacional.
En días recientes, la respuesta del gobierno iraní a la declaración argentina fue contundente. A través de un comunicado emitido por su embajada en Uruguay, el régimen islámico calificó la medida como un acto que perjudica las relaciones bilaterales y advirtió sobre las posibles implicaciones que esto tendría para la Argentina en el ámbito internacional. Irán argumentó que esta decisión establece un precedente negativo y que el gobierno argentino asumirá responsabilidad por las consecuencias que puedan surgir a raíz de esta situación.
La inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) conlleva no solo la declaración de esta organización como terrorista, sino también la congelación de activos y la prohibición de cualquier operación financiera en el país. Desde ahora, cualquier actividad relacionada con la Guardia Revolucionaria deberá ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que establece un régimen de control y seguimiento más estricto sobre posibles actividades ilegales.
Además, el gobierno argentino justificó su postura al afirmar que las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia han establecido que los atentados en la Argentina, en particular el ataque a la AMIA en 1994, fueron planificados y ejecutados con la participación directa del régimen iraní y la Guardia Revolucionaria. En este sentido, se mencionó a Ahmad Vahidi, quien ha sido señalado como uno de los responsables del atentado, y que recientemente asumió el cargo de comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria. La situación internacional sigue siendo volátil y la Argentina deberá manejar con cuidado sus relaciones diplomáticas en este nuevo escenario.
