La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo la expulsión de Dmitrii Novikov, un ciudadano ruso señalado por su supuesta participación en una red internacional dedicada a la difusión de información falsa. Novikov había llegado al país como turista pero fue detenido en el conurbano bonaerense tras una serie de investigaciones que alertaron sobre su actividad potencialmente desestabilizadora. Este hecho ha reavivado el debate sobre la influencia extranjera en la política local y la seguridad nacional.
La acción fue coordinada por el Ministerio de Seguridad y se enmarca en una serie de operaciones contra la desinformación que afectan el orden democrático. La investigación sobre Novikov comenzó el pasado 12 de abril, cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Tras establecerse en un domicilio en Lanús, su comportamiento fue objeto de seguimiento por parte de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que detectó irregularidades en sus actividades.
La Dirección Nacional de Migraciones tomó la decisión de anular su residencia tras las sospechas de que su presencia en el país podía representar una amenaza para la institucionalidad argentina. Con la intervención del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, dirigido por el juez Julián Ercolini, la PFA procedió a la detención de Novikov en su residencia. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó la importancia de esta acción en sus redes sociales, afirmando que el detenido venía a desestabilizar el orden democrático.
Monteoliva enfatizó que el gobierno argentino está comprometido con la defensa de sus instituciones y con el respeto a la ley, subrayando que las acciones de Novikov no serían toleradas. La ministra aseguró que su detención y posterior expulsión son un claro mensaje sobre la postura del gobierno frente a las amenazas externas.
Después de ser arrestado, Novikov fue trasladado a la División Alcaidías de la PFA, donde permaneció hasta su expulsión programada. Este miércoles, fue acompañado por un cónsul ruso hacia el Aeropuerto de Ezeiza, donde, bajo estricta custodia policial, abordó un vuelo de Turkish Airlines con destino a Estambul.
El gobierno argentino ha vinculado a Novikov con la organización conocida como “Lakhta” o “La Compañía”, reconocida por sus actividades de desinformación política a nivel global. Además, se reveló que el ruso había sido expulsado previamente de la República Dominicana por razones similares. Este contexto ha llevado a algunos sectores a exigir una investigación más exhaustiva sobre la existencia de redes extranjeras que intentan influir en el debate público local.
En este sentido, el abogado argentino Jorge Monastersky ha instado a la Justicia a explorar la posible existencia de estructuras extranjeras involucradas en injerencias informativas. Estas organizaciones, presuntamente asociadas con la Federación de Rusia, podrían haber estado operando para moldear la opinión pública en Argentina, lo que plantea un desafío considerable para las autoridades locales. En su solicitud, Monastersky argumentó que las actividades de estas redes podrían constituir delitos según la Ley de Inteligencia Nacional, lo que intensifica la preocupación sobre la seguridad informativa en el país.
La reciente comunicación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, que ha sido citada como parte de esta denuncia, destaca la necesidad de abordar la problemática de la desinformación desde una perspectiva institucional. Este caso, que ha escalado del ámbito de la noticia al terreno judicial, pone de manifiesto la creciente preocupación por la integridad de la información y su impacto en la democracia argentina.
