Recientemente, un nuevo caso de amenazas escolares ha puesto en alerta a la comunidad educativa de Buenos Aires. En esta ocasión, la Justicia llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de un adolescente de 16 años en el barrio de Balvanera, quien se había fotografiado con un arma en el baño de su escuela. Este hecho se suma a una preocupante ola de incidentes similares que han tenido lugar en diversas instituciones educativas de la ciudad, generando una creciente preocupación entre padres, docentes y autoridades.
El incidente se originó en la Escuela de Comercio Nº5 “José de San Martín”, donde un padre hizo una denuncia tras descubrir que en un grupo de WhatsApp de estudiantes de su hija circulaban imágenes de un joven portando un revólver, junto a otros compañeros. Las fotografías, enviadas a través de la función de visualización única, incluían el mensaje “La chispa está en 3ro 1ra”, lo que generó una reacción inmediata por parte de la comunidad escolar y un llamado a las autoridades.
La investigación fue asignada a la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, dirigida por Mauro Tereszko. En este contexto, el adolescente enfrenta múltiples cargos, incluyendo intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego. Estos delitos pueden acarrear penas de hasta siete años de prisión, lo que refleja la gravedad de la situación. Además, se supo que el joven ya tenía antecedentes relacionados con el delito de robo, lo que complica aún más su situación legal.
La jueza Alicia Baridón Gómez, del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°1, autorizó el allanamiento, que se llevó a cabo en la madrugada del miércoles. Durante el operativo, los agentes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y de la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad lograron secuestrar el teléfono celular del menor, una computadora portátil, un disco rígido y otros elementos relevantes para la investigación. Estos dispositivos serán analizados por la Justicia para recopilar más evidencia sobre el caso.
Este episodio se inscribe dentro de una serie de situaciones alarmantes que han surgido en las escuelas porteñas en las últimas semanas, donde se han reportado amenazas o la presencia de armas. En un operativo reciente, la Policía de la Ciudad confiscó un revólver calibre .32, una réplica de un arma de fuego, una navaja y varios dispositivos electrónicos en respuesta a denuncias realizadas en cuatro colegios. Estos incidentes involucraron a estudiantes de tan solo 14 años en distintas localidades como Pompeya, Belgrano, Núñez y Recoleta.
Ante este preocupante panorama, el gobierno de la Ciudad ha activado el “Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes”, que está vigente desde el año pasado. Este protocolo establece una serie de pasos a seguir para salvaguardar la integridad física y psicosocial de la comunidad educativa, garantizar el cumplimiento de la ley y promover intervenciones institucionales que prioricen la protección colectiva.
En una reciente conferencia de prensa, el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta, hizo hincapié en la necesidad de una coordinación inmediata entre distintas áreas del gobierno y las fiscalías intervinientes. Aseguró que el objetivo es identificar y, en su caso, responsabilizar a los autores de estos hechos para evitar que se repitan en el futuro. La comunidad educativa enfrenta un desafío significativo en este contexto, donde la protección de los derechos de los menores debe ir de la mano con la seguridad en las instituciones educativas, un aspecto que no debe ser subestimado en la actualidad.
