En Bolivia, las lluvias han aumentado su intensidad desde el fin de semana, lo que ha llevado al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) a emitir una alerta naranja. Esta advertencia está vigente hasta el próximo viernes 13 de marzo y afecta a cinco de las nueve regiones del país, donde se ha detectado un riesgo inminente de desbordes de ríos.
Los departamentos en peligro son La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija. La alerta se activa cuando se observa una tendencia creciente en los niveles de los ríos, combinada con la persistencia de lluvias intensas, lo que podría ocasionar desbordes en las próximas horas. Desde el inicio de la temporada de lluvias en octubre del año anterior, se han reportado al menos 33 fallecimientos y 11 personas desaparecidas como consecuencia de los desastres naturales, según el último informe del Viceministerio de Defensa Civil.
El viceministro Alfredo Troche Machicado mencionó que Santa Cruz, La Paz, Potosí, Sucre y Oruro son las áreas más afectadas hasta la fecha, con cerca de 60 mil hectáreas de cultivos dañadas. Además, destacó que la escasez de recursos limita la capacidad del Estado para hacer frente a las emergencias y brindar asistencia a las familias damnificadas. En este contexto, el presidente Rodrigo Paz anunció la asignación de 380.000 dólares en cooperación internacional para ayudar a los afectados y se implementará un plan nacional de gestión de riesgos, enfocándose en la prevención de futuros desastres.
La temporada de lluvias en Bolivia se extiende de octubre a marzo, y cada año se repiten los mismos problemas: desbordes de ríos, deslizamientos de tierra, inundaciones y daños en la infraestructura. Expertos señalan que estos fenómenos no solo son el resultado de factores climáticos, sino también de la actividad humana, como la expansión de la minería ilegal y la falta de planificación urbana. El geógrafo Hubert Mazurec enfatizó que los desastres naturales no son inevitables, sino que ocurren cuando se combinan ciertos factores, sugiriendo la necesidad de una mejor gestión pública en materia de prevención y ordenamiento territorial.
