En un movimiento que refleja la creciente preocupación por la morosidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diferentes fuerzas políticas, incluyendo al peronismo, el PRO y la UCR, han llegado a un consenso para impulsar un proyecto de ley destinado a crear un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal. Esta iniciativa, promovida por el legislador Leandro Santoro, busca ofrecer soluciones a los ciudadanos que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, especialmente en el contexto de una economía que atraviesa desafíos significativos. La medida se encuentra en la agenda legislativa y se espera que sea debatida en la próxima sesión de la Legislatura porteña.
La propuesta establece que el Banco Ciudad, junto con aquellas entidades bancarias que decidan sumarse, podrá ofrecer créditos de refinanciación con una tasa de interés nominal anual que no supere el 35%, y un periodo de devolución que será de al menos 24 meses. Este programa está orientado a familias cuyos ingresos no superen los 10 salarios mínimos y cuyas deudas representen más del 30% de sus ingresos mensuales, priorizando aquellos casos donde los atrasos en los pagos se extiendan entre 60 y 180 días. Sin embargo, aquellos que cuenten con un patrimonio suficiente para saldar sus deudas no serán beneficiados por esta medida.
Para incentivar la participación del sector privado en esta iniciativa, el proyecto contempla una reducción del 50% en el impuesto a los Ingresos Brutos sobre los intereses generados por los créditos de refinanciación. Este aspecto es crucial, dado que se espera que la inclusión de la banca privada ayude a aliviar la carga financiera de las familias en apuros. Según estimaciones presentadas, una familia con ingresos anuales de alrededor de $3,68 millones, que tenga una deuda equivalente al doble de ese monto, podría llegar a ahorrar aproximadamente $240.000 mensuales y unos $5,7 millones en intereses en comparación con una refinanciación bajo las tasas de mercado.
La iniciativa de Santoro, que cuenta con el respaldo de casi todas las fuerzas políticas de la ciudad, se enmarca en una tendencia más amplia observada en varias provincias del país, donde la morosidad ha alcanzado niveles alarmantes. En abril, se registró un nuevo récord en el número de familias con problemas para cumplir con sus deudas, alcanzando la preocupante cifra de 5,3 millones de personas. Esta situación resalta la urgencia de implementar medidas efectivas que respondan a las necesidades de la población.
Más allá de los números, este acuerdo político entre bloques que históricamente han mantenido posturas enfrentadas, refleja una necesidad compartida de demostrar capacidad de respuesta ante las demandas de la ciudadanía. Desde la bancada oficialista se lanzó una crítica irónica hacia los libertarios, sugiriendo que la promoción del desendeudamiento debería ser respaldada por ellos, a menos que lo consideren un gasto insostenible. Este tipo de comentarios pone de manifiesto las tensiones que se generan en el marco de este acuerdo y las distintas interpretaciones que cada sector político hace de la situación actual.
En otras provincias, como Córdoba, iniciativas similares han sido implementadas, como el plan de alivio financiero del Banco de Córdoba, que unifica deudas en una única cuota mensual con tasas que oscilan entre el 45% y el 70%. Asimismo, en la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia ofrece alternativas de refinanciación con condiciones accesibles. Estas acciones en diferentes jurisdicciones evidencian un movimiento más amplio hacia la búsqueda de soluciones para aliviar la carga de deudas en las familias argentinas, en un contexto económico que sigue siendo difícil para muchos.
El avance de esta propuesta de desendeudamiento en la Ciudad de Buenos Aires será observado de cerca, no solo por el impacto que tendrá en la vida de miles de familias, sino también por la capacidad de los partidos políticos para colaborar en la búsqueda de soluciones a problemas que afectan a la sociedad en su conjunto. La sesión legislativa del jueves será un indicativo clave del compromiso de los actores políticos en momentos críticos para la economía y el bienestar de los ciudadanos.
