En un giro significativo en el ámbito judicial, el abogado especialista en derecho constitucional, Andrés Gil Domínguez, ha presentado una acción declarativa de inconstitucionalidad en contra del artículo 11 del decreto 467/2026. Esta norma, recientemente promulgada, ha derogado aspectos clave del histórico decreto 222/2003, que durante más de veinte años reguló la transparencia y la participación ciudadana en la selección de candidatos para el máximo tribunal del país. La intervención de Gil Domínguez pone de relieve una creciente preocupación sobre el rumbo que están tomando los procedimientos de selección judicial en Argentina, especialmente en un contexto donde la independencia del sistema judicial es un pilar fundamental de la democracia.
La acción judicial argumenta que el nuevo decreto ha transformado el proceso de selección de jueces de la Corte en uno "más cerrado y opaco". Esto es especialmente alarmante, dado que la modificación de las normas de selección no solo afecta la transparencia del proceso, sino que también limita la posibilidad de que los ciudadanos y diversas organizaciones participen activamente en la elección de los futuros jueces. Gil Domínguez sostiene que esta regresión normativa es un retroceso en términos de derechos democráticos, ya que restringe la participación ciudadana y debilita los estándares de transparencia en un proceso tan crítico para el sistema judicial argentino.
Uno de los puntos más controvertidos de la demanda es la eliminación de dos mecanismos fundamentales establecidos en 2003: la obligación de considerar la diversidad de género, especialidad y procedencia regional al proponer candidatos, y la posibilidad de que ciudadanos y organizaciones presenten observaciones sobre los postulantes antes de que el Poder Ejecutivo envíe los pliegos al Senado. Según la presentación, esta supresión afecta directamente el "derecho de participación, petición y deliberación democrática" y también vulnera el principio de no discriminación de género en el acceso a la Corte Suprema. La modificación de estas reglas, por lo tanto, no solo es una cuestión legal, sino que también tiene profundas implicancias sociales y políticas.
El abogado enfatiza que la integración de la Corte Suprema no puede depender exclusivamente de decisiones tomadas en la oscuridad o sin el escrutinio público. En este sentido, sostiene que el proceso debe estar precedido por normas que promuevan la apertura, la participación ciudadana y un control social efectivo. Al respecto, Gil Domínguez critica la idea de que el nuevo decreto simplifica el proceso de selección, argumentando que en realidad reinstaura un modelo más discrecional y menos accesible al control público. Esto representa un claro retroceso respecto a los avances que se habían logrado en los últimos años hacia una nominación presidencial más abierta.
Además, la demanda contradice la justificación oficial que sostiene que la participación ciudadana previa al Poder Ejecutivo duplicaba mecanismos ya existentes en el Senado. "No hay duplicación, sino una complementariedad esencial entre las etapas de participación", argumenta el escrito. La intervención ciudadana antes de que los pliegos lleguen al Senado es crucial, ya que es en ese momento donde se forma la propuesta, en contraposición a la etapa legislativa, que se limita a validar o rechazar lo ya propuesto. Esta distinción es fundamental para comprender el impacto de la modificación en la calidad democrática del proceso.
La eliminación de la instancia de participación ciudadana no solo representa un cambio normativo, sino que también tiene el potencial de desplazar a la ciudadanía de un aspecto fundamental del proceso de selección judicial. Al suprimir esta etapa, se limita la capacidad de los ciudadanos de influir en la conformación del futuro de la Corte Suprema. La acción judicial presentada por Gil Domínguez busca poner freno a este decreto y reestablecer mecanismos que garanticen una mayor apertura y transparencia en la selección de jueces, reafirmando así el compromiso con un sistema judicial que respete y fomente la participación democrática en todos sus niveles.
