En un contexto de creciente preocupación por los derechos laborales y profesionales, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal ha tomado la iniciativa de presentar una acción de amparo colectiva. Esta medida, liderada por su presidente, Ricardo Gil Lavedra, busca declarar la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley 27.802, que modifican aspectos fundamentales de la Ley de Contrato de Trabajo. Los artículos en cuestión, el 10 y el 56, son considerados por sus firmantes como una amenaza directa al ejercicio de la profesión de abogado, así como un obstáculo para el acceso a la justicia de los trabajadores.
La abogada Alejandra García, quien coordina el área Legal y Técnica del Colegio, acompaña a Gil Lavedra en esta cruzada legal, argumentando que las modificaciones introducidas generan un impacto adverso en los derechos de los profesionales del derecho. En particular, se solicita la suspensión inmediata de la aplicación de estas disposiciones mediante una medida cautelar. El Colegio sostiene que el nuevo marco normativo compromete no solo el derecho al trabajo de los abogados, sino también principios fundamentales de igualdad ante la ley y derechos de propiedad.
Apenas días después de la promulgación de la ley, Gil Lavedra expresó su preocupación por las implicancias negativas que estas normas tienen sobre la profesión legal. Afirmó que una de las disposiciones, que establece el pago en cuotas de las indemnizaciones, crea una desigualdad que afecta el crédito laboral, el cual tiene un carácter alimentario. Este tipo de medidas, según el presidente del Colegio, desvirtúan el principio de justicia laboral y afectan el bienestar de los profesionales que dependen de estos ingresos para su subsistencia.
Asimismo, la otra norma impugnada establece que los abogados pueden ser considerados responsables por solicitar indemnizaciones excesivas, evaluadas de manera objetiva. Esto introduce un riesgo considerable para los profesionales, quienes podrían enfrentarse a sanciones simplemente por diferencias interpretativas entre jueces en relación a indemnizaciones, a pesar de que la jurisprudencia laboral admite variaciones y requiere de una interpretación contextual.
García ha enfatizado que la acción no busca proteger un interés sectorial, sino que se centra en la defensa de derechos constitucionales básicos. La coordinadora ha subrayado la importancia de garantizar el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y la protección efectiva de los derechos de naturaleza alimentaria, que son pilares fundamentales en cualquier democracia. Esta perspectiva resalta la relevancia de la acción colectiva, que busca proteger no solo a los abogados, sino también a los trabajadores que requieren asistencia legal.
El escrito presentado por el Colegio también destaca las dificultades económicas que los abogados laboralistas enfrentan debido a la naturaleza del sistema judicial, donde, por el principio de gratuidad, los honorarios suelen cobrarse al final de un proceso que puede extenderse durante años. Con la introducción de las nuevas reglas, los pagos se verían diferidos en cuotas, lo que podría agravar la situación financiera de los profesionales del derecho.
Además, el Colegio advierte que, si la acción de amparo es rechazada, miles de abogados se verían obligados a presentar demandas individuales, lo cual podría resultar en un colapso del sistema judicial. Este escenario no solo afectaría a los abogados, sino que también dificultaría el acceso a la justicia para los trabajadores que necesitan asistencia legal. La acción colectiva del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal se presenta, por lo tanto, como un intento crucial de salvaguardar tanto los derechos de los profesionales del derecho como la protección de los derechos laborales de todos los ciudadanos.
