La Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por presuntos delitos de desórdenes públicos y prevaricación por omisión. La organización cuestiona su actuación durante la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma y solicitó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaren como testigos.
De acuerdo con el planteo de la entidad, los hechos se produjeron durante los días 30 y 31, en el marco del “asalto” a la frontera ceutí, cuando ingresaron alrededor de 80.000 inmigrantes en Ceuta. Abogados Cristianos sostiene que la investigación debe determinar cuál era el grado de conocimiento del Ejecutivo sobre las advertencias previas y qué decisiones se tomaron frente a la situación registrada en la frontera.
La organización también pidió que declare Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta. Según el material difundido por Abogados Cristianos, Sanz afirmó que había transmitido a Pérez Triano la información crítica sobre la frontera que le había comunicado un contacto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La presidenta de la fundación, Polonia Castellanos, defendió que la investigación avance “hasta el final” y sostuvo que las responsabilidades no deben limitarse al “último eslabón”. Con la querella, la entidad busca que la Audiencia Nacional analice la actuación del delegado del Gobierno y el eventual conocimiento que tuvieron otros funcionarios sobre las advertencias relacionadas con la frontera.
