La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz presentó una denuncia administrativa ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para reclamar una “intervención urgente” y medidas que permitan garantizar la seguridad ferroviaria en España. El pedido fue formulado tras el accidente ocurrido el 18 de enero en Adamuz, Córdoba, que causó la muerte de 46 personas y dejó 432 heridos.
El escrito fue presentado el 11 de septiembre por el abogado Antonio Benítez Ostos, representante legal de la asociación y socio-director de Administrativando Abogados. Según informó la entidad, la denuncia se apoya en diligencias de la Policía Judicial y de Criminalística de la Guardia Civil que, de acuerdo con su interpretación, demostrarían que el carril siniestrado tenía una rotura franca desde varias horas antes del impacto.
La asociación también vinculó su reclamo con los requerimientos preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). A su entender, esas actuaciones exponen una deficiencia estructural del sistema ferroviario, que actualmente no permite alertar en tiempo real sobre la rotura de una vía, pese a que el deterioro habría sido advertido por los maquinistas.
En declaraciones difundidas por la asociación, Benítez Ostos sostuvo que la presunta inacción de las administraciones públicas llevó a las víctimas a solicitar el auxilio de las instituciones europeas, con el objetivo de que intervengan cuanto antes y revisen las obligaciones a las que están sometidas las autoridades españolas.
