En Tucumán, la situación se torna crítica tras el femicidio de Cinthia Verónica Lazarte, un caso que ha conmocionado a la sociedad y que ha puesto en el centro del debate la cuestión de la violencia de género. Roberto José Fuentes, el principal sospechoso, fue acusado oficialmente de homicidio agravado por mediar violencia de género. La fiscalía argumenta que Fuentes golpeó y estranguló a Lazarte, de 41 años, para luego intentar ocultar el crimen incendiando el auto donde fue hallado su cuerpo.
La detención de Fuentes se produjo el pasado fin de semana, luego de que los investigadores revisaran imágenes de cámaras de seguridad que lo registraron saliendo de un Fiat Palio bordó, vehículo que se convirtió en la escena del crimen. Esta evidencia fue crucial para identificar al acusado y llevarlo ante la justicia apenas dos meses después de haber recuperado su libertad tras cumplir una condena de seis años por abuso sexual, sentencia que había sido impuesta en 2021. Este contexto plantea serias interrogantes sobre los mecanismos de reintegración social y la protección de las víctimas de violencia de género en el país.
Durante una audiencia celebrada en la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, se formalizó la imputación contra Fuentes, quien enfrentará prisión preventiva por un periodo de seis meses. El auxiliar de fiscal, Lucas Manuel Maggio, argumentó que existen serios riesgos de fuga y de posible entorpecimiento de la investigación, dado lo grave del delito que se le atribuye. Maggio enfatizó que el hecho fue deliberadamente planificado por el acusado, quien intentó destruir pruebas mientras se aprovechaba de la vulnerabilidad de Lazarte tras su asesinato.
La fiscalía detalló que el crimen ocurrió en la madrugada del sábado, aproximadamente a la 1:00, en un vehículo estacionado en calle Francia, en San Miguel de Tucumán. Según la reconstrucción de los hechos, Fuentes se encontraba en el asiento trasero del auto con Lazarte cuando comenzó a golpearla repetidamente en la cabeza y el rostro, utilizando un objeto que le generó múltiples lesiones. Este ataque, caracterizado por el uso de la violencia extrema, refleja la dinámica de poder desigual que se da en muchas relaciones, donde la víctima se encuentra en una situación de desamparo.
Los detalles de la autopsia revelan que Lazarte falleció debido a asfixia por estrangulamiento, un método que pone de relieve la brutalidad del ataque y la decisión deliberada de quitarle la vida. La fiscalía sostiene que el acusado usó un lazo para estrangular a Lazarte, un acto que no solo refleja la violencia física, sino también una profunda deshumanización hacia la mujer. Esta clase de femicidios pone en evidencia la urgente necesidad de implementar políticas más efectivas para proteger a las mujeres y educar a la sociedad sobre la violencia de género.
La jueza a cargo del caso decidió hacer lugar a los planteos de la acusación y confirmó la prisión preventiva por seis meses, permitiendo así que la investigación continúe su curso. Este caso no solo resalta la necesidad de justicia para la víctima, sino que también abre un debate sobre cómo la sociedad argentina puede y debe reaccionar ante estos crímenes atroces. Las voces de las organizaciones de derechos humanos y de mujeres han comenzado a alzarse, exigiendo no solo justicia por Cinthia, sino también un cambio estructural que aborde las raíces de la violencia de género en el país.
