En el centro de Lisboa, más de un centenar de manifestantes se congregaron el pasado sábado para expresar su descontento ante la reciente sentencia de tres años y medio de prisión, con la pena suspendida, impuesta a un agente de policía involucrado en la muerte de Odair Moniz, un ciudadano caboverdiano. La viuda de Moniz lideró la marcha, sosteniendo una fotografía de su difunto esposo, mientras los presentes coreaban consignas como "Sin justicia no hay paz" y "Justicia fascista no es justicia". La indignación colectiva se centró en la percepción de que la sentencia es una burla a la lucha por los derechos humanos y la justicia social, especialmente en un contexto donde la violencia policial ha sido objeto de creciente escrutinio.

Odair Moniz, de 43 años, perdió la vida en la madrugada del 21 de octubre de 2024 en Cova da Moura, un barrio de Amadora. Según la versión oficial de la Policía de Seguridad Pública (PSP), Moniz estaba huyendo de los agentes y, al ser abordado, supuestamente intentó atacar a los policías con un arma blanca. Sin embargo, el hecho de que el tribunal determinara que Moniz no portaba ninguna arma plantea serias interrogantes sobre la legitimidad de la actuación policial y el uso de la fuerza letal.

Flávio Almada, vocero del Movimiento Vida Justa, se pronunció sobre la sentencia, calificándola de "ridícula" y cuestionando la noción de "legítima defensa" cuando, según su perspectiva, una persona desarmada fue abatida con disparos. Esta declaración refleja un sentimiento más amplio entre los manifestantes, quienes consideran que la decisión judicial no solo es injusta, sino que también sienta un peligroso precedente en la forma en que las fuerzas del orden interactúan con comunidades vulnerables y marginalizadas.

El lunes, se conoció la condena al agente implicado, que el tribunal justificó como una reacción instintiva en defensa propia, a pesar de que se reconoció el uso excesivo de la fuerza. Además, la justicia otorgó una indemnización económica a la familia de Moniz, un gesto que muchos consideran insuficiente frente a la gravedad del hecho. La situación resalta la tensión existente entre la comunidad y las fuerzas policiales, especialmente en áreas donde la violencia y los abusos son recurrentes.

Carlos Kangoma, otro portavoz del Movimiento Causa Justa, agregó que la protesta tenía como objetivo visibilizar la violencia sistemática que enfrentan los habitantes de barrios periféricos, independientemente de su origen étnico. Según Kangoma, la falta de condenas severas en casos similares a lo largo de la última década, donde se registraron más de 30 incidentes relacionados con la violencia policial, refuerza una cultura de impunidad que afecta a las comunidades más vulnerables. La esperanza de los manifestantes era que esta vez la justicia se pronunciara de manera más contundente, pero la expectativa no se cumplió.

La muerte de Moniz no solo ha generado protestas en Lisboa, sino que también ha desencadenado una ola de disturbios en la capital y sus alrededores, que incluyeron la quema de autobuses y contenedores de basura, resultando en la detención de más de un centenar de personas. Este contexto de agitación social denota una frustración acumulada por parte de aquellos que sienten que el sistema judicial ha fallado en proteger sus derechos y en ofrecer justicia ante actos de violencia perpetrados por el Estado.

A medida que las protestas continúan, queda claro que la lucha por la justicia y la equidad en el trato hacia las comunidades marginadas se mantiene vigente. La presión sobre las autoridades para que reconsideren las decisiones judiciales y adopten medidas más efectivas para prevenir la violencia policial está en aumento. En este escenario, la voz de los ciudadanos se alza como un llamado a la reflexión sobre el papel de la justicia en la construcción de una sociedad más equitativa y respetuosa de los derechos humanos.