La fiscalía ha solicitado condenas de hasta cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada Argentina, quienes están siendo juzgados por su responsabilidad en el trágico hundimiento del submarino ARA San Juan, que resultó en la muerte de sus 44 tripulantes. Durante los alegatos presentados ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, los fiscales argumentaron que la tragedia era predecible dado el estado deficiente en el que operaba la embarcación. En sus declaraciones, afirmaron que era posible prevenir el siniestro si se hubiesen tomado las medidas adecuadas y se hubiesen atendido las advertencias sobre las condiciones de la nave.
La acusación se centró en el hecho de que las decisiones y omisiones de los altos mandos de la Armada contribuyeron a la fatalidad del evento. Según los fiscales, el ARA San Juan presentaba problemas técnicos que debieron haber sido abordados con mayor rigor, pero, a pesar de estos antecedentes, se permitió que el submarino continuara en servicio. La fiscalía enfatizó que no se trató de un accidente impredecible, sino de una serie de actos negligentes a lo largo de la cadena de mando, donde los responsables estaban al tanto de las deficiencias operativas y decidieron ignorarlas.
Los fiscales han solicitado la pena máxima de cinco años de prisión para dos de los acusados: el contralmirante (re) Luis Enrique López Mazzeo, quien fue el comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, y Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos. Ambos, según la fiscalía, son considerados los principales responsables de haber autorizado operaciones a pesar de las restricciones que presentaba el submarino. En contraste, se pidieron cuatro años de prisión para Héctor Aníbal Alonso y tres años para Hugo Miguel Correa, quienes también llegaron al juicio en libertad.
La fiscalía ha reconstruido la cadena de mando y ha resaltado una serie de incumplimientos relacionados con el mantenimiento y la supervisión del ARA San Juan. Se argumentó que existía suficiente información disponible para los acusados que debió alertarlos sobre los peligros asociados a la navegación del submarino. Estas negligencias, según la acusación, constituyen una violación de los deberes que les competen en sus cargos, ya que no se tomaron las medidas necesarias para proteger a la tripulación de riesgos extraordinarios.
Un aspecto clave mencionado por la fiscalía es la decisión de posponer una inspección de seguridad que debía haberse realizado antes de la tragedia. Según testigos, se priorizaron las operaciones sobre la inspección, lo que llevó a que esta se reprogramara para diciembre de 2017, mucho después del fatal incidente. Esta demora es vista por los fiscales como un claro indicio de la falta de responsabilidad y cuidado por parte de los acusados.
La fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, María Garmendia, enfatizó que el resultado del hundimiento del ARA San Juan era predecible y que la actuación de Villamide, al no haber tomado precauciones adecuadas, debe ser considerada una violación grave de sus deberes. Al concluir su alegato, los fiscales insistieron en la necesidad de imponer condenas que reflejen la gravedad de las decisiones que llevaron a la tragedia y la pérdida de vidas en el mar.
