En Perú, la extorsión ha emergido como la principal preocupación de la ciudadanía, con un alarmante 76% de la población, equivalente a aproximadamente 19 millones de personas, considerándola el delito más grave que afecta al país. Esta preocupante estadística se presenta en contraste con otros delitos serios, como la corrupción de funcionarios, que preocupa al 41% de los encuestados, la violencia sexual (37%), el secuestro (35%) y el robo agravado (32%). La creciente percepción de la extorsión como un problema crítico refleja un clima de inseguridad que ha comenzado a marcar la agenda política y social del país, exigiendo respuestas urgentes de las autoridades.
La información proviene de un sondeo realizado por Ipsos, en colaboración con el Observatorio del Crimen y la Violencia de Credicorp y el Banco de Crédito del Perú (BCP), junto con la organización Capital Humano y Social (CHS). Este estudio ha revelado que la lucha contra la criminalidad es una exigencia central de los peruanos, quienes ven la extorsión como una amenaza que no solo afecta a sus vidas, sino también a la cohesión social y la estabilidad económica del país.
De acuerdo con el análisis del Observatorio del Crimen y la Violencia, se estima que entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, aproximadamente una cuarta parte de la población, es decir, cerca de 6 millones de ciudadanos, habrán sido víctimas de extorsión o conocerán a alguien que lo haya sido en los últimos tres meses. Esta situación pone de manifiesto la extensión de un fenómeno que no solo se limita a las grandes ciudades, sino que también se ha infiltrado en comunidades más pequeñas, creando un ambiente de miedo y desconfianza.
Un aspecto preocupante es el crecimiento de modalidades de extorsión, como los préstamos ‘gota a gota’, que han aumentado del 15% al 19% en un año. Estas prácticas imponen a los individuos la obligación de devolver el dinero bajo condiciones de altas tasas de interés y amenazas, lo que demuestra la diversificación de los métodos delictivos utilizados por las organizaciones criminales. Este tipo de extorsión no solo tiene un impacto económico significativo, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y en la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
La encuesta también destaca que el tráfico de drogas y la trata de personas son preocupaciones predominantes dentro de las economías criminales, con un 64% de los encuestados manifestando su inquietud por estos delitos, seguidos por la minería ilegal, que genera preocupación en un 52% de la población. Según el director ejecutivo de CHS Alternativo, estas cifras evidencian que el crimen en Perú ha evolucionado hacia formas más complejas y articuladas, lo que requiere un enfoque integral y coordinado para su abordaje.
El pesimismo también se ha apoderado de la población, ya que un 58% de los entrevistados considera que el próximo gobierno, que será elegido el 12 de abril, no tendrá la capacidad de enfrentar la inseguridad de manera efectiva. En contraste, solo un 36% mantiene expectativas positivas sobre las acciones que podrían implementarse. Este contexto resalta la necesidad de que el nuevo gobierno priorice la lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales, así como la reforma del sistema de justicia y el fortalecimiento de las fuerzas policiales, que fueron mencionadas por el 45% y el 44% de los encuestados, respectivamente.
La encuesta forma parte del libro “Propuestas contra la inseguridad ciudadana”, elaborado por el Observatorio del Crimen y la Violencia. Este documento plantea una hoja de ruta para mejorar la respuesta estatal ante el desafío de la inseguridad. En este sentido, se enfatiza que el crimen en Perú ha dejado de ser un conjunto de delitos aislados, convirtiéndose en un fenómeno más estructurado que requiere una respuesta integral y sostenida, en lugar de medidas aisladas que no logran abordar la complejidad del problema.
