San José, 19 de junio de 2025.- En el marco del primer aniversario del asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam, la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua ha solicitado a las autoridades costarricenses una investigación profunda sobre la cadena de mando que llevó a cabo este crimen. Samcam, un mayor retirado del Ejército nicaragüense y naturalizado español, fue asesinado a tiros en su hogar en el cantón de Moravia, San José, en un ataque que ha generado gran preocupación por su posible vinculación con la represión política en Nicaragua.
La captura reciente de cinco sospechosos de haber participado en el asesinato ha sido recibida como un avance por parte de la ONG, que enfatiza la necesidad de ir más allá de la ejecución material del crimen. A pesar de estos arrestos, el Colectivo ha señalado que la justicia no estará completa hasta que se identifiquen y procesen a todas las personas responsables, incluyendo a quienes podrían haber ordenado y financiado el ataque desde Nicaragua. La situación se complica aún más dado que el asesinato de Samcam podría estar vinculado a una política sistemática de represión contra los opositores al régimen sandinista.
Roberto Samcam había sido un crítico acérrimo del gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Desde su exilio en Costa Rica en julio de 2018, tras ser despojado de su nacionalidad nicaragüense y de sus bienes, había denunciado la represión ejercida por el Ejército y el régimen, acusándolos de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y de establecer redes de espionaje contra los opositores nicaragüenses en el extranjero. Su asesinato se inscribe en un contexto más amplio de hostigamiento y violencia sistemática hacia la disidencia que ha sido documentada por diversas organizaciones de derechos humanos.
El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) ha indicado que el ataque fue perpetrado por un individuo que ingresó al condominio de la víctima y le disparó en múltiples ocasiones. Sin embargo, el Colectivo de Derechos Humanos ha instado a que el proceso penal no se limite a identificar a los autores materiales del crimen. La organización sostiene que es crucial investigar quiénes fueron los responsables intelectuales detrás del asesinato y si existieron vínculos transnacionales que facilitaran la ejecución de esta violencia política.
En su declaración, la ONG ha destacado que la persecución contra opositores nicaragüenses no se detiene en las fronteras del país. Las amenazas, el hostigamiento y las agresiones han sido una constante para aquellos que han buscado refugio en el extranjero. Por ello, el proceso judicial que se avecina debe representar una oportunidad para avanzar hacia una verdad integral que contemple las diversas aristas de esta problemática.
Con el fin de garantizar una investigación sin interferencias, el Colectivo ha exigido al Estado costarricense que se comprometa a realizar un análisis meticuloso de las evidencias y a considerar seriamente la posibilidad de que este asesinato sea un crimen político, parte de una estructura de represión estatal en Nicaragua. Asimismo, se ha pedido que se fortalezcan las medidas de protección para los exiliados nicaragüenses, quienes continúan enfrentando riesgos significativos debido a su activismo político. El llamado a la justicia no solo busca sancionar a los ejecutores materiales, sino también a aquellos que, desde las sombras, han orquestado esta violencia.
