La situación de SanCor, una de las cooperativas lácteas más emblemáticas de Argentina, ha tomado un nuevo giro en medio de su proceso de quiebra, que ha generado un intenso debate sobre su futuro. La valuación de sus activos, fijada por la Justicia en 52,1 millones de dólares, ha sido cuestionada por un grupo de empresarios liderado por Gustavo Scaglione, quien busca adquirir la cooperativa en su totalidad. Este grupo sostiene que el esquema de licitación aprobado para la venta, que contempla una fragmentación de la firma, podría perjudicar no solo el valor de la empresa, sino también las posibilidades de pago a los acreedores.

El fideicomiso Fidulac, encabezado por Scaglione, ha formalizado su oposición al proceso de venta, presentando un recurso de revocatoria y apelación subsidiaria ante el juez Marcelo Gelcich. En su argumentación, el fideicomiso destaca que las decisiones sobre la venta de los activos tienen un impacto directo en la capacidad de satisfacer las deudas de la cooperativa y en la preservación de su valor económico. En este sentido, advierten que continuar con el proceso tal como está planteado podría llevar a consecuencias difíciles de revertir, lo que despierta temores sobre el futuro de la cooperativa y sus trabajadores.

Desde el grupo empresario se argumenta que la clave para el éxito de la cooperativa radica en mantener su estructura productiva intacta. La marca SanCor, reconocida y valorada en el mercado, es considerada un activo fundamental, pero su verdadero potencial se encuentra en la capacidad de operar como una unidad integrada. Esta perspectiva se contrapone al enfoque actual, que parece favorecer la venta de activos de manera aislada, lo que podría desmantelar la esencia de la cooperativa y su capacidad de generar empleo y valor en el tiempo.

Las críticas hacia el cronograma de la licitación también han surgido, con empresarios advirtiendo que el proceso avanza a un ritmo preocupante y sin haber agotado las instancias necesarias para que los acreedores puedan intervenir adecuadamente. Se señala que el apuro en las decisiones podría llevar a una adjudicación apresurada de los activos, lo que no solo afectaría a los trabajadores de SanCor, sino también a las comunidades que dependen de la cooperativa.

La resolución del juez Gelcich, que establece el valor total de los activos en 52,1 millones de dólares, ha generado reacciones mixtas en el sector. En particular, la valoración de las marcas y bienes intangibles en 24,7 millones de dólares ha sido un punto de atención, dado que representa casi la mitad del valor total de la empresa. Este aspecto resalta la importancia de la marca SanCor, que sigue siendo un pilar en la industria alimentaria argentina, pero también plantea interrogantes sobre cómo se valoran realmente los activos en un contexto de quiebra.

Para el fideicomiso Fidulac, la propuesta es clara: conservar la cooperativa como una unidad productiva aumentará su valor en comparación con la venta de sus partes por separado. La visión de estos empresarios no solo busca un beneficio económico, sino que también refleja un compromiso con la preservación de una tradición alimentaria que ha sido parte fundamental de la cultura argentina. La defensa de SanCor por parte de este grupo pone de relieve la importancia de encontrar soluciones que no solo prioricen el valor monetario inmediato, sino que también aseguren la sostenibilidad a largo plazo de la cooperativa y su impacto en la sociedad.

El futuro de SanCor se presenta incierto, y la lucha por su salvaguarda está en pleno desarrollo. A medida que avanza el proceso judicial y las negociaciones se intensifican, la sociedad observa con atención cómo se resolverá esta compleja situación que involucra no solo intereses económicos, sino también la tradición y la identidad de una parte crucial de la industria láctea argentina.