La reciente decisión de reabrir la investigación sobre el asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumi, ocurrido en 2011 en Salta, se ha visto empañada por un nuevo revés. Beatriz Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, quien fue condenado en este caso, se ha negado a proporcionar una muestra de ADN para las pericias necesarias en esta nueva etapa del proceso judicial. Este hecho plantea interrogantes sobre la colaboración de la familia de Vera en una causa que ha estado marcada por la controversia y el debate legal durante más de una década.
La Fiscalía, que se encuentra revisando la causa tras la repatriación de las muestras de ADN de las víctimas desde la Universidad de Buenos Aires, había citado a Yapura con la intención de que entregara voluntariamente una muestra de su material genético. Sin embargo, la mujer no se presentó a la audiencia ni accedió a realizar el hisopado, lo que ha generado tensiones adicionales en una investigación ya de por sí compleja. El abogado defensor de Vera, José Vargas, ha denunciado irregularidades en este proceso, señalando que la solicitud carecía de la autorización adecuada de un juez de Garantías, lo que podría haber vulnerado derechos fundamentales.
Vargas ha expresado su preocupación por la forma en que se ha manejado la investigación, recordando la historia de su cliente, quien pasó diez años en prisión por un crimen que finalmente se demostró que no había cometido. En 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó su condena y ordenó su liberación, pero el camino hacia la justicia ha sido arduo. Vera, quien había colaborado inicialmente como guía en la búsqueda de las turistas, se vio posteriormente imputado y condenado, lo que ha llevado a la defensa a cuestionar la objetividad de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades.
La situación se complica aún más cuando se considera que, durante la investigación inicial, la policía buscó afanosamente un culpable entre los lugareños. Esto ha alimentado la desconfianza sobre la integridad del proceso judicial, así como sobre la posibilidad de que se haya podido manipular evidencia en el transcurso de la causa. Vargas ha planteado la hipótesis de que la muestra de ADN de Yapura podría haber sido plantada en la escena del crimen, aunque no ha podido confirmar esta teoría debido a la falta de un perito de parte que evaluara la situación adecuadamente.
La defensa también ha puesto en tela de juicio otras citaciones realizadas en el marco de esta investigación. Según Vargas, varios testigos locales fueron llamados a declarar sin una orden judicial debidamente emitida, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a la situación. Este contexto sugiere que la investigación podría estar plagada de irregularidades, lo que podría afectar no solo la búsqueda de justicia para las víctimas, sino también la situación legal de quienes fueron injustamente acusados.
A medida que avanza la investigación, las autoridades deben considerar tanto el impacto emocional en las familias de las víctimas como la necesidad de asegurar un proceso judicial transparente y justo. La historia de Vera y la negativa de Yapura a colaborar con la recolección de ADN son recordatorios de que la verdad en este caso sigue siendo esquiva. Es fundamental que se respeten los derechos de todos los implicados y que se garantice una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos de aquella trágica jornada en 2011.
En conclusión, el caso de las turistas francesas en Salta continúa siendo un tema de gran relevancia y controversia. La falta de cooperación de Yapura, combinada con las irregularidades señaladas por la defensa, pone en peligro la posibilidad de avanzar en la búsqueda de justicia. A medida que se reanuda la investigación, todos los actores involucrados deben actuar con la máxima transparencia y rigor, para que finalmente se pueda hacer justicia por las víctimas y sus familias.
