El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha tomado la decisión de implementar un nuevo estado de excepción en el país, que se extenderá por un periodo de 60 días. Este decreto, que busca enfrentar la creciente amenaza del crimen organizado, afecta a nueve provincias de Ecuador y a cuatro municipios de otras tres provincias. La medida se produce en un contexto de aumento de la violencia y el narcotráfico, lo que ha llevado al gobierno a adoptar acciones más contundentes para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos.

Entre las provincias que se verán afectadas por esta medida se encuentran Quito, la capital, y Guayaquil, considerada la ciudad más poblada del país. Juntas, estas dos urbes concentran cerca de 7 millones de habitantes, lo que representa una parte significativa de la población total de Ecuador, que asciende a aproximadamente 18 millones. La decisión de Noboa de aplicar un estado de excepción en estas áreas refleja la urgencia de la situación, ya que se han convertido en focos de violencia relacionados con el narcotráfico y otras actividades criminales.

Con la implementación de este estado de excepción, se suspenderán algunos derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Esto permitirá a la Policía y las Fuerzas Armadas realizar operativos sin necesidad de una orden judicial previa, lo que incluye la posibilidad de ingresar a domicilios y la interceptación de comunicaciones. Este enfoque ha generado un intenso debate en la sociedad ecuatoriana sobre la necesidad de balancear la seguridad con los derechos civiles, en un momento donde la confianza en las instituciones de seguridad está debilitada.

El despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles está destinado a coordinar operaciones con la Policía para desarticular las organizaciones criminales que operan en el país. En particular, la costa ecuatoriana ha sido identificada como un punto crítico para el tráfico de drogas, donde grupos delictivos están involucrados en el envío de cocaína, principalmente desde Colombia hacia mercados en Europa y Estados Unidos. Provincias como Esmeraldas y El Oro, que comparten fronteras con Colombia y Perú respectivamente, son especialmente vulnerables a estas actividades ilegales.

La decisión de Noboa de emitir este decreto llega justo antes del inicio de los días festivos de Semana Santa, un periodo en el que muchos ecuatorianos suelen viajar dentro del país. Esta coincidencia plantea interrogantes sobre el impacto de las restricciones de movilidad en la celebración de estas festividades, que son de gran importancia cultural y social para la población. Sin embargo, el gobierno parece priorizar la seguridad por encima de la inconveniencia que pueda causar esta medida en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Desde que Noboa asumió la presidencia, ha declarado una “guerra” abierta contra el crimen organizado, lo que ha llevado a la implementación repetida de estados de excepción. Las medidas han variado en su alcance y en ocasiones han incluido toques de queda, como el que se aplicó recientemente en varias provincias. A pesar de estos esfuerzos, los índices de violencia han continuado en aumento, posicionando a Ecuador como uno de los países con mayores tasas de homicidio en América Latina, con más de 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en 2025, lo que indica que se requiere un enfoque más integral y sostenido para abordar las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad en el país.