La situación de violencia en Haití ha alcanzado niveles alarmantes, según un reciente informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. Durante un periodo de diez meses, desde marzo de 2025 hasta enero de 2026, se han reportado más de 5.500 muertes y cerca de 2.600 heridos, producto de enfrentamientos entre bandas, fuerzas de seguridad y grupos de autodefensa. Este panorama sombrío no solo afecta a la capital, Puerto Príncipe, sino que también se ha extendido a otras regiones, como los departamentos de Centro y Artibonito.
El informe, presentado por la portavoz de la ONU, Marta Hurtado, destaca que las organizaciones criminales han logrado consolidar su control sobre rutas marítimas y terrestres claves, lo que les permite financiar sus actividades delictivas. Esta expansión territorial es un reflejo del debilitamiento de la autoridad estatal y de la falta de recursos y estrategias efectivas por parte del gobierno para contener a estas bandas. La situación se ha vuelto insostenible, y la comunidad internacional observa con preocupación el deterioro de la seguridad y el bienestar de la población haitiana.
Durante el periodo analizado, la violencia de las bandas fue responsable de 1.424 muertes y 790 heridos, mientras que las operaciones de las fuerzas de seguridad, que incluyen el uso de empresas militares privadas, resultaron en 3.497 muertes adicionales. Estas operaciones han suscitado graves cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos, dado que se han documentado al menos 247 casos de ejecuciones extrajudiciales. La contratación de Vectus Global, una empresa con vínculos estadounidenses, ha generado controversia, ya que su participación en acciones militares ha sido calificada como potencialmente criminal por la ONU.
Hurtado enfatizó que estas empresas deben cumplir con las mismas normativas de derechos humanos que se exigen a las fuerzas de seguridad nacionales, un aspecto que ha sido ignorado en muchas de las operaciones realizadas. La introducción de tácticas como el uso de drones y ataques desde helicópteros ha planteado serias dudas sobre la estrategia del gobierno y su compromiso con la protección de los derechos de los ciudadanos. El uso de la fuerza letal debe ser siempre una medida de último recurso, y la falta de control sobre estas operaciones puede resultar en un incremento de la impunidad.
La violencia en Haití no solo proviene de las bandas, sino que también se ve alimentada por grupos de autodefensa que, armados con diversas armas, han tomado la justicia por su propia mano. Este fenómeno, conocido como “justicia popular”, ha resultado en 598 muertes y 76 heridos en el mismo periodo. La desesperación de la población frente a la ineficacia del estado ha llevado a muchos a recurrir a métodos brutales para intentar protegerse, pero esto solo ha contribuido a un ciclo de violencia que parece no tener fin.
Además, el informe de la ONU detalla el sufrimiento de las mujeres y los niños en este contexto de violencia. Al menos 1.571 mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual, y muchos niños han sido forzados a mantener relaciones con miembros de las bandas. La explotación y el abuso en este contexto son alarmantes y revelan la necesidad urgente de una respuesta integral que aborde no solo la seguridad, sino también la protección de los derechos de los más vulnerables.
La comunidad internacional tiene la responsabilidad de atender esta crisis humanitaria y de trabajar en conjunto con el gobierno haitiano para restaurar la paz y la seguridad. Sin un enfoque coordinado que incluya el fortalecimiento de las instituciones locales y el respeto por los derechos humanos, la situación en Haití podría seguir deteriorándose, con consecuencias devastadoras para su población.
