La Justicia ha decidido llevar a cabo un análisis exhaustivo del teléfono del contratista Matías Tabar, quien ha realizado serias acusaciones contra Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete. Este último habría pagado en efectivo la suma de 245.000 dólares para realizar una serie de refacciones en una casa ubicada en el country Indio Cuá. La información fue revelada tras el testimonio de Tabar, quien aseguró que el pago se hizo en mano, lo que ha generado un revuelo mediático y político en torno a la figura de Adorni.
A raíz de estas declaraciones, el juez Ariel Lijo ha accedido a la solicitud del fiscal Gerardo Pollicita, quien pidió que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realice la pericia del teléfono del contratista. Esta medida busca esclarecer los hechos y determinar si hay pruebas adicionales que respalden las acusaciones realizadas por Tabar. En su testimonio, el contratista también mencionó que Adorni intentó contactarlo antes de su declaración para ofrecerle los servicios de un abogado, algo que Tabar rechazó de manera contundente.
El fiscal Pollicita, por su parte, también se pronunció respecto a un pedido de la diputada Marcela Pagano, quien solicitó la detención de Adorni a raíz del episodio anterior a la declaración de Tabar. Sin embargo, el fiscal consideró que no existían riesgos procesales que justificaran una medida de esta naturaleza, según fuentes judiciales. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la posibilidad de que se tomen medidas más severas en el futuro si se determina la existencia de pruebas contundentes en contra del funcionario.
En su declaración, el constructor comentó que los trabajos realizados en la propiedad se extendieron por varios meses e incluyeron diversas intervenciones en una vivienda de aproximadamente 400 metros cuadrados. Las obras no solo abarcaron la renovación de pisos y paredes, sino que también incluyeron la instalación de una piscina y hasta una cascada, detalles que parecen desmesurados en relación al costo de adquisición de la propiedad, que según registros oficiales, habría sido de 120.000 dólares en 2024.
El hecho de que el monto destinado a la remodelación supere ampliamente el precio de compra de la propiedad ha suscitado interrogantes sobre la procedencia de los fondos utilizados y la naturaleza del acuerdo entre Tabar y Adorni. Esta disparidad de cifras ha llevado a los analistas a especular sobre posibles irregularidades y la necesidad de una investigación más profunda, que incluya no solo el análisis del teléfono del contratista, sino también otras comunicaciones relevantes relacionadas con el caso.
Por último, el juez Lijo ha ordenado también el análisis de las llamadas de Marcelo Grandío, amigo de Adorni y periodista, así como de Horacio Silva, presidente de la productora Imhouse, que facturó un viaje a Punta del Este para el funcionario. Estas conexiones adicionales podrían arrojar más luz sobre una trama que se complica con cada nuevo dato que emerge, dejando en suspenso el futuro de Adorni en el ámbito político y su capacidad para continuar en el cargo.
En conclusión, el caso Adorni está tomando un giro inesperado que podría tener repercusiones significativas en la política nacional. Las investigaciones continúan, y la espera por respuestas concretas se convierte en un elemento clave para determinar la veracidad de las acusaciones y el futuro del jefe de Gabinete en el gobierno.
