La jueza a cargo de la investigación del trágico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que resultó en 46 fallecidos y más de 120 heridos, ha tomado una decisión contundente. Tras la declaración de un responsable de la Base de Mantenimiento AVE de Adif, quien admitió haber recibido órdenes verbales para extraer y trasladar materiales desde el sitio del siniestro, se ha solicitado formalmente al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que se abstenga de cualquier operación relacionada con las vías.
Este requerimiento, emitido el 10 de febrero, se basa en la notificación de la Guardia Civil sobre las acciones de Adif en el lugar del accidente, las cuales se llevaron a cabo sin la debida autorización del juzgado. La magistrada ha instado a la entidad ferroviaria a interrumpir todas las pruebas o manipulaciones del material extraído, a menos que cuenten con una autorización judicial previa. Además, se exige la devolución de los materiales que aún estén en poder de Adif, advirtiendo que el incumplimiento podría acarrear responsabilidades penales.
La investigación indica que las operaciones de extracción se realizaron el 22 de enero, cuatro días después del accidente, y sin la comunicación adecuada al juzgado. Entre los materiales extraídos se encuentran soldaduras que son de interés para la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), las cuales habían requerido autorización judicial específica. Agentes de la Guardia Civil y personal de la CIAF se presentaron en el lugar del accidente el 30 de enero para realizar mediciones y verificar las soldaduras, encontrando que los cupones de raíl habían sido manipulados.
