La ONG venezolana Surgentes ha denunciado que su codirectora, Martha Lía Grajales, continúa siendo objeto de una investigación por parte de la Fiscalía General, a pesar de haber recibido una amnistía el 22 de febrero de 2026. La organización sostiene que esta acción es resultado de una "instrucción de instancias superiores", lo que pone en entredicho la independencia del sistema judicial en el país. En un comunicado, Surgentes reveló que la Fiscalía 52 Nacional notificó a Grajales el 10 de abril de 2026 que no le devolverían su teléfono móvil ni su pasaporte hasta que se concluyan las experticias pertinentes, indicando así una prolongación de su situación de incertidumbre y vulnerabilidad legal.
Este caso ha generado gran preocupación en el ámbito de los derechos humanos, ya que Grajales fue amnistiada por un tribunal que se ocupa de delitos relacionados con el terrorismo. La ONG argumenta que la Fiscalía está violando el principio de cosa juzgada, lo que implica que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. Este principio es fundamental para garantizar la justicia y la protección de los derechos individuales, y su vulneración podría sentar un precedente peligroso en el contexto político actual de Venezuela.
La historia de Martha Lía Grajales es emblemática de la represión que enfrentan muchos activistas en el país. Fue detenida el 8 de agosto de 2025, tras asistir a un acto de apoyo a las madres de presos políticos frente a la sede de la ONU en Caracas. Este evento fue precedido por una violenta agresión sufrida por ella y otros familiares de detenidos políticos, quienes fueron atacados por grupos considerados "parapoliciales" mientras se manifestaban pacíficamente en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Durante ese enfrentamiento, Grajales sufrió el robo de su cédula de identidad y su celular, dispositivos que ahora forman parte del expediente judicial que se ha abierto en su contra. La imputación que pesa sobre ella incluye acusaciones graves como conspiración con un gobierno extranjero y asociación para delinquir, aunque la ONG sostiene que carece de fundamentos sólidos y se basa exclusivamente en un análisis interpretativo de un ciberpatrullaje realizado por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana.
Surgentes ha señalado que la investigación está plagada de irregularidades que violan el debido proceso, especialmente considerando que se basa en un hecho que involucra un bien obtenido mediante robo y violencia. Esta situación evidencia, según la ONG, la posible colusión entre las fuerzas de seguridad y los grupos delictivos que operan en la región, lo que agrava aún más la crisis de derechos humanos en Venezuela.
En respuesta a esta situación, la organización ha decidido presentar una denuncia formal ante la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Además, han instado al fiscal general, Larry Devoe, a que revise y corrija esta decisión que consideran injusta y arbitraria. La comunidad internacional observa este caso con atención, ya que refleja las tensiones actuales entre el Estado y los defensores de los derechos humanos en el país sudamericano.
