Villafuel, la empresa señalada como epicentro de la presunta trama del llamado “caso hidrocarburos”, solicitó al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite a dos auditores y tres asesores que participaron en el diseño y la evaluación de su sistema de prevención de riesgos penales.
La compañía de Claudio Rivas, investigado en la causa junto con otros imputados, entre ellos el presunto conseguidor Víctor de Aldama, presentó un escrito en el que reclama que los cinco profesionales declaren como testigos o bajo la condición procesal que corresponda. Según sostiene, se trata de una diligencia “pertinente, útil y necesaria para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación”.
Villafuel argumenta que esas personas constituyen una fuente de prueba “directa, personal y cualificada” sobre la implantación, el funcionamiento, la supervisión y la evaluación del sistema de organización y gestión adoptado por la empresa.
De acuerdo con la presentación, la compañía implementó un modelo destinado a prevenir riesgos penales con el asesoramiento de una firma externa y posteriormente lo sometió a una auditoría realizada por otra empresa. Para Villafuel, la cuestión relevante para la investigación no es solamente la existencia documental del sistema de cumplimiento, un aspecto que —según afirma— ya consta acreditado en el expediente, sino establecer si el modelo se encontraba efectivamente implantado, era conocido por la organización y resultaba razonablemente idóneo para prevenir la comisión de delitos.
