La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha confirmado la condena de ocho años de prisión impuesta al ex policía Carlos Jacinto Gutiérrez, quien fue hallado culpable de privación ilegal de la libertad y torturas en el caso de Juan Carlos Bayarri, un acusado vinculado al secuestro extorsivo de Mauricio Macri en 1991. Esta decisión representa un paso significativo en un proceso judicial que ha puesto de manifiesto violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad institucional en estos hechos.
La resolución del máximo tribunal, compuesta por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso presentado por la defensa de Gutiérrez, considerándolo inadmisible. La Corte aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo que implica que no se consideraron los argumentos sobre supuestas arbitrariedades o vulneraciones del debido proceso, dejando sin efecto los reclamos de la defensa.
El secuestro de Mauricio Macri, ocurrido el 24 de agosto de 1991, marcó un momento oscuro en la historia argentina. El entonces vicepresidente de la empresa SOCMA fue capturado en su hogar, donde fue golpeado, trasladado en una camioneta y encerrado en un ataúd durante el trayecto hacia un lugar de cautiverio en Boedo. Su familia pagó un rescate de seis millones de dólares tras catorce días de angustia y sufrimiento por su vida.
La investigación sobre este caso reveló la existencia de una organización delictiva conocida como "La Banda de los Comisarios", compuesta por policías retirados que llevaron a cabo secuestros extorsivos en esa época. Entre los involucrados en el caso se encontraban Carlos Alberto Sablich, fallecido, y Eduardo Albano Larrea, ex secretario del Juzgado de Instrucción N°25. En un inicio, el Tribunal Oral en lo Criminal N°19 había condenado a los tres acusados a 16 años de prisión, pero el caso ha estado marcado por múltiples revisiones judiciales.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas, aunque se ordenó un ajuste en el cálculo de la pena. Posteriormente, un tribunal redujo la condena a tres años en ejecución condicional, pero la Cámara Nacional de Casación Penal volvió a intervenir, fijando definitivamente la pena de Gutiérrez en ocho años. Este proceso judicial ha sido un ejemplo de la complejidad y las dificultades que enfrentan las víctimas en la búsqueda de justicia en casos de tortura y violaciones de derechos humanos.
Juan Carlos Bayarri, quien fue detenido en relación con este caso, pasó diez años en prisión antes de ser sobreseído. Durante su detención, denunció haber sido secuestrado por fuerzas de seguridad el 18 de noviembre de 1991 y fue forzado a declarar bajo tortura. En 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la confesión de Bayarri había sido obtenida bajo condiciones de tortura, responsabilizando al Estado argentino por esta violación de derechos humanos.
La defensa de Gutiérrez ha llegado al final de su recorrido judicial, agotando todas las instancias de apelación disponibles. Con la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, se cierra un capítulo de un caso que ha expuesto no sólo la violencia institucional durante los años 90, sino también la lucha continua por la verdad y la justicia en el país. En este contexto, el año anterior, el máximo tribunal había ordenado investigar al juez del caso, Luis Zelaya, por su omisión de denunciar las torturas sufridas por Bayarri durante su proceso. La continuidad de estas investigaciones es crucial para asegurar que se haga justicia y se prevengan futuras violaciones de derechos humanos en Argentina.
