En el contexto del 195° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se lleva a cabo en Ciudad de Guatemala, Berta Zúñiga Cáceres, hija de la emblemática ambientalista hondureña Berta Cáceres, expresó su profunda preocupación ante la reciente objeción del Estado de Honduras sobre el mecanismo que investigó el asesinato de su madre en 2016.
Zúñiga Cáceres, quien lidera el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), lamentó que la delegación estatal pusiera en tela de juicio la validez del acuerdo que dio origen al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI). En sus declaraciones, enfatizó la importancia de establecer un mecanismo de seguimiento para las 72 recomendaciones emitidas por el grupo, que vinculan el crimen con el controvertido proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
La activista denunció que el asesinato de Berta Cáceres fue un crimen de carácter empresarial, político y financiero, ejecutado a través de una compleja red criminal que involucraba intereses económicos y la participación de fuerzas de seguridad del Estado. Aunque la justicia hondureña ha condenado a ocho individuos por este homicidio, entre ellos a siete autores materiales y al ejecutivo Roberto David Castillo como coautor, la familia Cáceres continúa demandando justicia, temiendo que los responsables intelectuales del crimen aún no hayan sido procesados y que uno de los implicados clave se encuentre prófugo.
