La situación de violencia en Haití ha alcanzado niveles alarmantes, con un informe reciente de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití (BINUH) que detalla más de 1.600 muertes y cerca de 750 heridos en el primer trimestre de 2026. Este devastador saldo se atribuye principalmente a confrontaciones entre pandillas y las operaciones de las fuerzas de seguridad, que han dejado un rastro de sufrimiento en la población civil. La violencia ha sido exacerbada por la inestabilidad política y la incapacidad del Estado para brindar seguridad a sus ciudadanos.
Según el informe, un 27% de las muertes se debe a ataques directos de bandas armadas, mientras que un alarmante 69% de los fallecimientos se produjo durante las intervenciones de las fuerzas de seguridad, las cuales han visto como parte de su estrategia la represión de las pandillas. Sin embargo, estas operaciones han resultado en la trágica pérdida de vidas civiles, incluidos niños, lo que ha generado un fuerte rechazo y una creciente preocupación por la protección de los derechos humanos en el país. El 4% de las muertes restantes se atribuyen a grupos de autodefensa y a la población civil, lo que refleja un contexto de violencia generalizada.
Un dato particularmente inquietante es que, en este periodo, al menos 69 personas, incluido un número significativo de menores, han sido víctimas de ataques con drones cargados de explosivos, una táctica que ha comenzado a ser utilizada por las bandas para incrementar el terror en las comunidades. Carlos Ruiz Massieu, responsable de la BINUH, destacó que a pesar de algunos avances en la seguridad en ciertas áreas de Puerto Príncipe, la vida cotidiana de muchos haitianos se ha tornado insostenible y llena de inseguridad.
Las operaciones policiales, aunque han logrado contener la expansión territorial de las pandillas en algunas zonas, no han podido erradicar los crímenes que estos grupos llevan a cabo en los espacios que controlan. Asesinatos selectivos, secuestros y extorsiones son prácticas comunes, a las que se suma la violencia sexual, que ha afectado a más de 292 personas, la mayoría mujeres y niñas, en un contexto donde la violencia de género se ha convertido en un arma de control. Las bandas también han estado involucradas en la trata de niños, lo que añade una capa aún más sombría a la crisis humanitaria.
El informe revela que, en los primeros meses de 2026, al menos un oficial de policía fue asesinado y otros nueve resultaron heridos en el cumplimiento de su deber. Los datos también evidencian que las bandas han llevado a cabo abusos sistemáticos en áreas periféricas de Puerto Príncipe y en el departamento de Artibonite, donde se han registrado los ataques más brutales, especialmente a finales de marzo y durante abril, con un saldo de 83 muertos y 38 heridos en solo tres días de violencia coordinada.
A medida que la situación se agrava, la BINUH ha instado al Gobierno haitiano a tomar medidas decisivas para mejorar la selección y capacitación de la Policía Nacional de Haití (PNH), así como a llevar ante la justicia a aquellos miembros implicados en violaciones a los derechos humanos. La comunidad internacional también ha sido convocada a actuar, dado que la estabilidad de Haití no solo afecta a su población, sino que también tiene repercusiones en la región, donde el aumento de la violencia y la inseguridad puede desbordar fronteras y generar crisis humanitarias aún mayores. La urgencia de una respuesta coordinada y efectiva es más apremiante que nunca en este contexto de crisis.
