En un fuerte llamado a la justicia, familiares de las víctimas de la controvertida guerra contra las drogas en Filipinas han instado al gobierno de ese país a proceder con el arresto y la entrega de Ronald 'Bato' dela Rosa, exjefe de la Policía Nacional y actual senador. Esta exigencia surge tras la reciente orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), que ha reavivado el debate sobre las violaciones de derechos humanos durante la administración del expresidente Rodrigo Duterte. La organización Rise Up for Life and for Rights, que representa a estas familias, ha manifestado su postura de que el Senado debe respetar las obligaciones internacionales del gobierno filipino y no brindar protección a quien consideran un coautor de crímenes de lesa humanidad.

Durante el período de 2016 a 2022, la guerra antidrogas de Duterte se cobró entre 6.000 y 30.000 vidas, según diversas fuentes, en un contexto marcado por operativos policiales y ejecuciones extrajudiciales. La CPI ha encontrado razones sustantivas para creer que Dela Rosa podría ser considerado un "coautor indirecto" de estos actos atroces, dado su rol en la formulación y ejecución de políticas que fomentaban la violencia. El organismo internacional ha documentado cómo el exjefe policial no solo respaldó públicamente la represión, sino que también facilitó el despliegue de recursos y la estructura necesaria para llevar a cabo estas operaciones letales.

El documento judicial de la CPI detalla que Dela Rosa promovió operaciones conocidas como 'Tokhang', que inicialmente se implementaron en la ciudad de Davao y luego se extendieron a nivel nacional. Estas tácticas, que alentaban a los agentes a justificar las muertes bajo pretextos de defensa propia, han sido ampliamente criticadas por organizaciones de derechos humanos. Llore Pasco, una de las voces más representativas de las familias afectadas, enfatizó la necesidad de que tanto Dela Rosa como Duterte enfrenten la justicia en La Haya, señalando que ambos desempeñaron roles cruciales en la implementación de una política de estado que resultó en la muerte de miles de personas.

La presión sobre el gobierno filipino se intensifica a medida que diversas organizaciones, incluyendo Amnistía Internacional, se suman a la demanda de arrestar y entregar a Dela Rosa a la CPI. AI ha instado al gobierno a actuar con urgencia y a no eludir su responsabilidad en la protección de los derechos humanos, recordando que la justicia no puede ser una opción, sino una obligación. La orden de detención inicialmente se había clasificado como secreta, pero fue reclasificada como pública, lo que ha permitido un mayor escrutinio y discusión sobre el tema.

Desde Rise Up, las familias han expresado su impaciencia y dolor, afirmando que han esperado demasiado tiempo para que tanto Duterte como Dela Rosa sean llevados ante la justicia. La guerra contra las drogas ha dejado cicatrices profundas en la sociedad filipina, y la necesidad de justicia se vuelve cada vez más urgente. La investigación de la CPI se centra en los presuntos crímenes cometidos entre 2011 y 2019, en un contexto donde se priorizó la política de mano dura sobre la protección de los derechos fundamentales.

El contexto actual plantea un escenario complejo para Filipinas, donde la lucha por la justicia se enfrenta a estructuras de poder que han mostrado resistencia a rendir cuentas. Las voces de las familias de las víctimas son un recordatorio constante de que la búsqueda de justicia no solo es un deber moral, sino una necesidad para sanar las heridas de una nación que aún lidia con las secuelas de una de las campañas más violentas de su historia reciente.