A ocho años del trágico secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio, el Estado ecuatoriano enfrenta nuevas críticas por su manejo del caso. La Corte Constitucional había ordenado la entrega de las actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), pero el plazo para su entrega ha vencido sin que los familiares de las víctimas reciban la información completa. Esta situación ha generado un clima de frustración y desconfianza en las autoridades y ha puesto en evidencia la falta de compromiso del Estado con la verdad y la justicia.
El caso, que ha sido denominado "Nos Faltan 3", se refiere a la muerte del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, quienes fueron secuestrados en abril de 2018 en la frontera norte de Ecuador, en medio de un contexto de creciente violencia por parte de grupos armados vinculados al narcotráfico. A pesar de los años transcurridos, la búsqueda de justicia ha estado marcada por la opacidad y la falta de avances significativos en el ámbito judicial, lo que ha llevado a los familiares a intensificar sus reclamos de verdad y responsabilidad.
En abril de 2024, la Corte Constitucional había dictado que el Ejecutivo debía desclasificar las actas 18, 19 y 20 del COSEPE. Estos documentos son considerados esenciales para entender las decisiones que tomó el Estado en los días críticos en los que el equipo de prensa estuvo cautivo y posteriormente asesinado. Sin embargo, cuando el Gobierno remitió la información en mayo de ese mismo año, los familiares denunciaron que las actas estaban incompletas, con páginas faltantes y fragmentos tachados, lo que generó un clima de desconfianza respecto a la veracidad de la información proporcionada.
A medida que nos acercamos a mayo de 2026, la situación no ha cambiado sustancialmente. Los familiares insisten en que el Estado no ha cumplido con la entrega de los documentos en condiciones que permitan reconstruir los hechos y determinar posibles responsabilidades. Para ellos, la entrega parcial de información equivale a un incumplimiento de la orden judicial, lo que agrava aún más la crisis de confianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la justicia.
"El Estado sigue sin aclarar lo que realmente ocurrió", han manifestado en diversas ocasiones los familiares de las víctimas. En sus pronunciamientos públicos, han señalado que la falta de transparencia por parte del Gobierno dificulta el avance de la investigación y prolonga la impunidad en este caso emblemático. Este reclamo no solo se dirige al actual gobierno, sino que también abarcan una crítica a la falta de acción de administraciones anteriores desde el año 2018.
La importancia de las actas del COSEPE radica en que contienen el registro de las deliberaciones y decisiones tomadas por las más altas autoridades de seguridad del Estado durante la crisis generada por el secuestro. En teoría, estos documentos deberían permitir identificar la información que manejaban las autoridades, las estrategias discutidas y las decisiones adoptadas en respuesta al secuestro. Sin acceso a estos elementos, expertos y organizaciones de derechos humanos sostienen que es imposible establecer una línea de tiempo oficial o evaluar adecuadamente la actuación del Estado en esta tragedia.
